"Insultos de ramera, retrasada y zorra a concejalas del PSOE, Ciudadanos y PP", denunció la concejala socialista Lola Campos en Twitter mientras la sesión plenaria del Ayuntamiento de Zaragoza de la pasada semana seguía desarrollándose. Es el último episodio que pone de manifiesto que, en ocasiones, se incumplen los reglamentos que rigen la presencia de público en las instituciones aragonesas. Pero no el único. ¿Qué dicen las normas? ¿Quién debe controlar que los asistentes a los plenos respeten a los participantes? ¿Están superadas las normas de educación?

En Zaragoza, el Reglamento Orgánico Municipal establece en su artículo 79 que "el público asistente a las sesiones no podrá intervenir en éstas, ni tampoco se permitirán manifestaciones de agrado o reprobación, ni utilizar voces, pancartas o instrumentos que distraigan la atención de quienes participan en la sesión, pudiendo el presidente –en este caso, el alcalde– proceder, en casos extremos, a la expulsión del asistente que por cualquier causa impida el normal desarrollo de la sesión". Si la situación se tornara más grave, el texto prevé, incluso, que el presidente ordene el desalojo de la sala. Desde el consistorio no quisieron profundizar en explicar esta norma.

El Reglamento de las Cortes de Aragón explicita, en la misma línea, que "el presidente velará por el mantenimiento del orden en todas las dependencias de las Cortes" y define que "el público asistente a las sesiones de las Cortes deberá mantener siempre silencio y orden, y no le serán permitidas manifestaciones de aprobación o desaprobación sea cual sea la índole de las mismas".

Sin embargo, fuentes de las Cortes reconocen que lo habitual es que los presidentes de las Cortes "dejen hacer" mientras no haya graves problemas.

Por ejemplo, recuerdan, en la actual legislatura varios sindicalistas reclamaron con pancartas al consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, que abonara la paga extra. En esta ocasión, el presidente no dijo nada, y fueron los ujieres de la institución quienes indicaron a los manifestantes que debían guardar sus carteles. Pero el palacio de la Aljafería también ha sido escenario de momentos mucho más tensos, como la suspensión de un pleno varios minutos tras la protesta de los bomberos en la pasada legislatura.

Antecedentes

En el Ayuntamiento de Zaragoza, algunos concejales que han ejercido su cargo en legislaturas anteriores, coinciden en que "siempre" ha habido plenos tensos y en que hay cierta "manga ancha" con las protestas ciudadanas. Pero también afirman que otros alcaldes cortaban los malos comportamientos antes de que "se fueran de las manos", como sostienen que le ocurrió la pasada semana al alcalde Pedro Santisteve. "Belloch era muy riguroso. Llamaba al orden y si seguía el problema, se desalojaba", recordaba una concejala socialista. Paradigmática fue la celebración del pleno en el salón Fernando el Católico tras una protesta de la Policía Local.

¿Reglamentos superados?

Fuentes de las Cortes de Aragón reconocen, en efecto, que estos reglamentos no se respetan, aunque recuerdan que tiene razón de ser: "Legalmente, todas las asociaciones y colectivos tienen su espacio para participar en la comisión de comparecencias ciudadanas, o presentar una iniciativa popular. En el pleno solo pueden hablar los diputados, en representación de la soberanía".

Hay algo que acerca a ambas instituciones. Los presidentes suelen ser flexibles en la aplicación de la norma, y enseñar pancartas, portar camisetas reivindicativas o expresar algunas opiniones pueden formar parte del día a día en una sesión. Sin embargo, los reglamentos también son claros, e indican que corresponde a los presidentes de ambas sesiones controlar que se respete a los comparecientes, lo que no ocurrió en el Ayuntamiento.