El ruinoso negocio de la autopista autonómica, la ARA-A1, le va a costar hasta 40 millones de euros al Gobierno de Aragón si antes de fin de año no logra salvarla de la quiebra. Este es el plazo que el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Zaragoza ha dado a la DGA, a la concesionaria y a los cincos bancos que financiaron la obra para llegar a un acuerdo porque, de lo contrario, ordenará su liquidación y la Administración deberá asumir la factura como titular de la infraestructura.

La autopista entró en servicio a mediados de 2008 y desde entonces está en números rojos porque los cálculos de tráfico en los que se basó la concesión no se han cumplido ni por asomo: esta vía de poco más de cinco kilómetros construida para enlazar la carretera de Castellón (N-232) con el corredor de Barcelona (N-II y A-2) apenas atrae un 40% de los vehículos previstos. La situación de insolvencia llevó a la concesionaria, liderada por Acciona, a presentar el concurso de acreedores hace dos años y ahora el juez acaba de fijar el 19 de diciembre como fecha límite para solventar la situación.

En su último informe, el administrador concursal, José María Carnicer, señala que para hacer posible una solución de convenio es preciso que se den dos condiciones. Por una parte, que la DGA apruebe el reequilibrio económico de la concesión y por otra, que los acreedores, fundamentalmente los bancos que prestaron 47 millones para sufragar el grueso de las obras, aprueben el convenio que pueda proponer la concesionaria. "Está esperando conocer el alcance del reequilibrio económico para hacer una propuesta de convenio a sus acreedores financieros", asegura Carnicer.

Búsqueda de un resquicio legal

El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, lleva un año buscando un resquicio legal que permita ajustar los términos de la concesión. El problema radica en que un informe de los servicios jurídicos de la DGA y la propia jurisprudencia complican esta posibilidad, que no es otra que pagar más por cada vehículo que pasa por la autopista (peaje en sombra). De hecho, ya lo intentaron sin éxito sus predecesores en el cargo, Rafael Fernández de Alarcón (PP-PAR) y Alfonso Vicente (PSOE-PAR), en las dos últimas legislaturas.

Fuentes de la DGA señalaron que la principal diferencia respecto a entonces es que la concesión de la autopista autonómica lleva dos años inmersa en un concurso de acreedores y, por tanto, "no hay precedentes jurisprudenciales".

En este sentido, el Ejecutivo autonómico confía en lograr una solución ateniéndose a la Ley de Contratos, que permite compensar a una concesionaria en casos excepcionales. Y entiende que la autopista autonómica lo cumpliría por el hecho de estar en quiebra. Sin embargo, no se ha conseguido en ninguna de las radiales de Madrid, que atraviesan la misma situación de insolvencia, hasta el punto de que el Ministerio de Fomento debe asumir dos ellas (la R-3 y la R-5) como consecuencia de su liquidación. "Aquí tienen que hacer un esfuerzo todas las partes para llegar a un acuerdo", señalaron desde el Gobierno aragonés.

Por si fuera poco, el desajuste entre el tráfico real y el previsto en la ARA-A1 dificulta aún más una salida. Para lograr equilibrar la concesión, la DGA tendría que pagar muchísimo más por cada vehículo que pasa, algo a lo que tampoco está dispuesto el Ejecutivo PSOE-CHA. Por tanto, solo cabe negociar una quita con los bancos y que la concesionaria asuma también que debe reducir sus expectativas iniciales de negocio, que no se han cumplido en los ocho años que lleva en explotación. De este modo, los números cuadrarían.

Fuentes oficiales de Acciona aseguraron a este diario su "máxima voluntad" para llegar a un acuerdo con la DGA que haga viable la concesión de la autopista, mientras el administrador concursal destacó en su último informe la "comprensión" demostrada por los bancos acreedores con "el esfuerzo realizado por el deudor para hacer frente a los daños causados por las inundaciones de marzo de 2015". Como se recordará, la concesionaria formada por Acciona, Brues y Arascón ha tenido que desembolsar más de dos millones de euros para reparar el tramo de cincuenta metros que se hundió por la última gran riada.