Reforzar las plantillas de bomberos profesionales de las tres provincias con hasta 150 miembros de las cuadrillas de Sarga, contar con los helicópteros de la DGA para trasladar al personal, reubicar las autobombas forestales en los parques de bomberos y mejorar la coordinación. Estas son las principales propuestas que la Diputación de Zaragoza ha planteado al Gobierno de Aragón para "racionalizar" estos servicios, que, pese a estar regulados desde 2013 en la ley del fuego, siguen presentando importantes carencias y grandes diferencias de equipamientos y personal en cada provincia e incluso entre comarcas.

El informe se presentó en la reunión que mantuvo hace dos semanas el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, con las tres diputaciones para empezar a fijar "unos objetivos comunes" en torno a la reorganización de los servicios de prevención y extinción de incendios en la Comunidad. Ello supone, explican desde el Gobierno de Aragón, "reconocer que hay una dispersión de competencias a las hay que dotar de uniformidad y capacidad de respuesta".

En ese marco expuso la DPZ su propuesta, que la DGA sostiene que se debe estudiar "entre las administraciones que tienen algo que decir en este ámbito". Entre sus planteamientos, destaca por sus repercusiones la de "redefinir" las cuadrillas de Sarga. El informe recuerda que los planes de protección civil fijan un orden de prioridades que sitúa en primer lugar a las personas, seguidas de los bienes y del medio ambiente.

Ante ello, el estudio se pregunta "si es necesario un colectivo tan importante de personas contratadas" en los retenes terrestres de la empresa pública para extinguir incendios forestales, "cuando la mayoría se apagan en fase de conato y para ello están los bomberos profesionales con presencia en el parque las 24 horas". Además, recuerda que si el fuego es de mayores dimensiones, se cuenta con las cuadrillas helitransportadas, incluidas las BRIF – del Ministerio de Medio Ambiente– e incluso de la Unidad Militar de Emergencias, con una base en Zaragoza.

A partir de estas consideraciones, la DPZ plantea redistribuir la plantilla de Sarga en tres colectivos: personal que trabaje todo el año en prevención en el monte, cuadrillas helitransportadas con su funcionamiento actual y bomberos auxiliares, que complementarían las plantillas de profesionales. "Si esta medida se aplicase solo a 150 miembros de los retenes terrestres –integrados por más de 450 efectivos–, podrían reforzarse con 50 bomberos auxiliares a cada provincia", estiman, un modelo que ya se usa en comunidades como Navarra.

Como no conllevaría nuevas contrataciones, esta redistribución tendría un coste cero, afirman, al igual el uso de los helicópteros de la DGA –de extinción de incendios forestales y medicalizados del 112– para transportar bomberos y equipos. Además, podría aplicarse a la asistencia sanitaria en zonas alejadas de los hospitales. Se proponen cuatro bases en Huesca, Teruel, Calamocha y Ejea. Igualmente se sugiere la reubicación de las autobombas forestales en los parques de bomberos, una red de almacenes de material antiincendios en puntos estratégicos, la implicación de las empresas para formar a personal en esta materia o la firma de convenios de colaboración entre servicios.

Colaboración institucional

En este punto, la DGA afirma que hay un "acuerdo inicial" para trabajar con las administraciones implicadas de distintos territorios. En Huesca se avanza "para ampliar la cobertura" dado que son las comarcas, con recursos desiguales, las que asumen estas labores, a diferencia de Zaragoza y Teruel, donde se encargan las diputaciones. Además, la DPH se ha ofrecido a sufragar una oficina de coordinación y su personal, pero bajo las directrices de la DGA, "que debe asumir el liderazgo porque es la que tiene las competencias", matiza el diputado delegado de Protección Civil, que se muestra "bastante de acuerdo" con las ideas de la DPZ.

Su homólogo en la de Teruel, Carlos Sánchez, también considera necesario estudiar estas y otras medidas para incrementar el personal y los medios, y "urge que el Gobierno actúe y se implique porque las diputaciones solas no pueden asumirlo", avisa. Además, al igual que la DPH, reclama modificar las exigencias de la ley en cuanto a personal y tiempos de respuesta, "imposibles de cumplir", dice. Y pide un cuerpo autonómico que agrupe a los profesionales, salvo los de las capitales.