La Junta de Museos de Cataluña se opuso ayer a la devolución de las 44 piezas que se encuentran en el centro expositivo de Lérida y que tendrían que haberse entregado en el monasterio de Sijena antes del 25 de julio en cumplimiento de un fallo judicial. Sin embargo, su decisión de mantener las obras catalogadas no sirve de nada, porque no está por encima de una sentencia. El consejero de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, tiene la obligación de cumplir el mandato de la jueza del caso de las 97 piezas de Sijena vendidas ilegalmente a Cataluña. Ahora, se espera que la titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Huesca reclame las obras que no fueron entregadas o pida el auxilio de la Policía.

La comisión ejecutiva de la Junta de Museos de Cataluña, que se reunió ayer por la tarde, resaltó que "se trata de una colección de 44 piezas catalogada y protegida por la Generalitat que, de acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultural catalán, no puede ser disgregada", según informó la consejería de Cultura en un breve comunicado. De hecho, acordó ratificar los informes que redactó en el año 1998 y que sirvieron para avalar la catalogación y protección de los bienes del monasterio de Sijena que se encuentra en el Museo de Lérida. Con todo, no hubo sorpresas, ya que la comisión ejecutiva se pronunció en julio y adelantó que lo consideraría "inoportuno" porque la salida de estos bienes "pondría en crisis el Museo de Lérida". De hecho, siete de las 44 piezas forman parte de la exposición permanente.

Este es uno de los trámites administrativos que según la Generalitat era necesario llevar a cabo y que podía demorar varios meses la entrega de las piezas, puesto que están catalogadas. De hecho, horas antes de la reunión, el consejero Vila resaltó que "el marco conceptual en el que nos movemos es muy claro: la propia jueza de Huesca y nosotros siempre querremos cumplir con la legalidad, no puede ser de otra manera, tan cierto como que ir más allá de lo que hemos hecho hasta ahora violentaría el ordenamiento legal en Cataluña".

Con todo, es consciente de que no es vinculante la decisión de la Junta de Museos, formada por representantes del Parlament, de Cultura, el Ayuntamiento de Barcelona y otras entidades locales, así como la Conferencia Episcopal Tarraconense, que agrupa a los obispos. La comisión estuvo presidida por el director general de Archivos, Bibliotecas, Museos y Patrimonio, Jusèp Boya.

De todos modos, Vila recordó que se trata de una crisis y un conflicto "desdichado" que "tiene que ver con la jurisdicción civil y sin ninguna sentencia en firme" y resaltó que una "ejecución provisional de la sentencia, como la que ya se presentó en su momento, es un acto que tiene un punto de violencia quizá desproporcionado".

Por su parte, el abogado de Villanueva de Sijena, Jorge Español, está convencido de que en cuanto la juez pida el auxilio policial, devolverán las obras.