El fiscal mantiene la pena de 4 años al exalcalde de Letux en la vista del TSJA

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) celebró ayer la vista oral del recurso contra la decisión del jurado popular contra el exalcalde de Letux, Luis Miguel Abós, que fue condenado a cuatro años y medio por un delito continuado de malversación de caudales, y el constructor Jesús Lahoz Lucea, a quien le impusieron seis años y medio de cárcel por malversación y falsedad en documento mercantil. El Ministerio fiscal y la acusación particular, que representa al Ayuntamiento de Letux, confirmaron ayer la pena impuesta al exalcalde y al constructor porque autorizó el doble pago de las facturas al constructor.

Por su parte, la abogada defensora del exalcalde, María José Sancho, argumentó que se había vulnerado la ley de Jurado por la contradicción entre los hechos probados y el veredicto de la culpabilidad emitido, por lo que la magistrada María José Gil Corredera, debería haber devuelto el acta al Tribunal popular. Asimismo, la abogada manifestó que Luis Miguel Abós "nunca pretendió que el contratista tuviera beneficios ilícitos" y por eso apunta que "no hay prueba suficiente" de su culpabilidad sobre la malversación de caudales.

La sentencia recoge como hechos probados que el alcalde adjudicó en 2008 a Jesús Lahoz una serie de obras para el municipio, como una nave agroindustrial, la red de agua y vertido o el patio de las escuelas municipales. Y el edil autorizó el doble pago de las facturas al constructor, por lo que además el fallo reclama a ambos acusados de forma solidaria la devolución de unos 90.000 euros al consistorio, 34.799 a Caja España y 15.000 a Caja Rural del Jalón por su responsabilidad civil. Pero sobre la cantidad, la abogada defensora la rebaja a los 51.000 que devolvió el exalcalde.

Atenuante muy cualificada

Por ese motivo, la letrada de Luis Miguel Abós reclamó que el TSJA le aplique una atenuante muy cualificada al haber reparado los daños causados y por las dilaciones indebidas que han sufrido. Esta rebaja de la pena como alternativa al fallo podría suponer una condena a dos años de prisión por el delito de malversación de caudales.

Por su parte, el abogado defensor del constructor, Pedro Garcés, sostuvo que habían prescrito los delitos por los que le condenaron y deberían haberle aplicado el Código Penal de 1995, así como en un error en la apreciación de la prueba por el Jurado.