La DGA solo pagará 2.800 € a las empresas tras anular concursos de depuración por 91 millones

El Instituto Aragonés del Agua (IAA) solo tendrá que abonar 2.800 euros a cada empresa que aspiraba a hacerse con alguno de los dos contratos, valorados en total en más de 91 millones de euros, que el anterior Gobierno autonómico PP-PAR sacó a concurso para construir y gestionar once depuradoras en las provincias de Teruel y Zaragoza. Con la llegada del PSOE y CHA al Pignatelli, se decidió paralizar el proceso, a la espera de revisar tanto la fórmula público-privada con la que se iban a poner en marcha como el tipo de infraestructuras previstas.

Estas obras eran las últimas pendientes del polémico Plan Especial de Depuración, que incluía 131 actuaciones y que se puso en marcha hace más de una década. Pero los problemas de financiación, el abandono de algunas empresas adjudicatarias y los modificados en los proyectos lo han ido retrasando. A comienzos de 2014, el Ejecutivo de Rudi logró desbloquear las que faltaban.

Dividió la zona 10 –de las 13 en las que se repartió el territorio aragonés– en tres sectores para agilizar su ejecución. El primer lote se adjudicó en primavera de ese año, pero los otros dos no se pudieron licitar hasta pocas semanas antes de las elecciones autonómicas de 2015. La zona 10-B aglutinaba las plantas de Aguaviva, Cantavieja, Castellote, Castelserás, La Iglesuela del Cid y Mas de las Matas y Valdealgorfa. Y en la 10-C figuraban Calaceite, Maella, Mazaleón y Nonaspe.

El PP-PAR confiaba en que el proceso de adjudicación se resolviera en julio del año pasado, pero el cambio de gobierno alteró esos planes. De hecho, una de las primeras decisiones del nuevo consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, fue paralizar la tramitación de los concursos, al entender que la fórmula de colaboración público-privada que se venía usando abría la puerta a "la privatización de un servicio básico como el agua", además de cuestionar las técnicas en las que se basan los proyectos. Del presupuesto total, las obras suponían unos 20 millones y los 71 restantes se dedicaban a pagar a las concesionarias la gestión durante 20 años.

Por todo ello, el Instituto Aragonés del Agua inició el pasado enero el procedimiento de renuncia a esos dos contratos "por motivos de interés público". En marzo, finalmente, notificó sendas resoluciones en las que renunciaba a seguir adelante por "la concurrencia de dificultades de orden económico", además de haber recibido, justificó, "diversas peticiones de municipios y sectores sociales que exigían un cambio de parámetros". Y aprobó compensar a cada licitador con 2.800 euros por los gastos derivados de la garantía provisional que tuvieron que presentar para ser admitidos a licitación, en virtud de la Ley de Contratos del Sector Público.

Pero una de las afectadas, la UTE Ortiz Construcciones y Proyectos y Asteisa Tratamientos del Aguas presentó un recurso ante el Tribunal de Contratos Públicos de Aragón en el que reclamaba una indemnización de 40.000 euros más los gastos de mantenimiento del aval. El tribunal concluyó que el acto recurrido no era susceptible de impugnación y dio por buena la cantidad ofrecida por el IAA.

Y aunque todavía cabía la posibilidad de que las licitadoras presentaran un contencioso, desde el Departamento de Sostenibilidad, del que depende el Instituto del Agua, confirmaron que no se ha interpuesto y hace una semanas ya se activó el proceso para el pago de la cantidad establecida a los contratistas. Mientras, ha anunciado que invertirá 1,3 millones hasta 2019 en una depuradora piloto de tipo extensivo en Castelserás, una de las localidades afectadas.

En este caso, el perjuicio para las arcas autonómicas será mínimo, pero la DGA se enfrenta a un contencioso planteado por la concesionaria de 60 instalaciones, todas sin construir, en el valle del Aragón, dentro del plan integral del Pirineo. Acciona y Comsa reclaman resolver el contrato y una indemnización de siete millones de euros.