Inspección vigilará los centros concertados para que no exijan pagos extras a las familias

Los inspectores del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón controlarán, centro a centro, que los colegios concertados no obliguen a pagar a sus familias lo que se conoce como la aportación voluntaria, una cantidad, normalmente mensual, que se solicita para diferentes conceptos, como el mantenimiento de las instalaciones o las derramas.

Las Cortes aprobaron ya en marzo imponer un mayor control sobre estas tasas (a instancias de una moción presentada por Podemos), pero el portavoz de este grupo parlamentario en la comisión de Educación, Carlos Gamarra, afeó ayer a la consejera que no hubiera hecho nada "aparte de volver a informar a la escuela concertada de este acuerdo". No obstante, la consejera de Educación, Mayte Pérez, aseguró que no solo se ha comunicado esta instrucción a los centros concertados, sino que "Inspección se encargará de salvaguardar la gratuidad de la educación en estos casos yendo centro por centro". La medida entrará en vigor este mismo curso.

Avances en el pacto educativo

Este anuncio se hizo durante la intervención de la consejera en la comisión de Educación, solicitada por el PP para conocer el grado de respuesta y puesta en marcha de las iniciativas que recibe la Consejería por parte de los grupos, pero que no se libró de una importante carga política. Uno de los temas que más se trató fue el esperadísimo Pacto por la Educación, un documento de consenso que el pasado año comenzó a perfilarse por parte del Consejo Escolar de Aragón, en el que están representados alumnos, familias, docentes, sindicatos y otros partícipes expertos en pedagogía.

Mayte Pérez anunció que el Consejo "podrá tener a lo largo de octubre un documento para enviar a este Parlamento" sobre un pacto educativo. Este plantea las líneas estratégicas que se pactaron y Pérez insistió en que el papel de los representantes políticos, ahora, es "estar a la altura como pide la ciudadanía" y llegar a un acuerdo. "Los grupos políticos tenemos la obligación de lograrlo también; flaco favor sería volver a dar un portazo a un pacto educativo", sentenció.

No obstante, tanto la representante de Ciudadanos, Susana Gaspar; como la del PAR, María Herrero, reprocharon a la consejera que hubiera insinuado que al llegar de manos del Consejo Escolar esto pudiera suponer una "presión" para acatarlo. "Es diferente el pacto del Consejo al pacto político", enfatizó la portavoz del PAR.

700 docentes más

La consejera Mayte Pérez también recordó algunas de las novedades de este curso, como que "se han bajado el número de alumnos por aula" y se han incrementado las plantillas de docentes, con "más de 700 profesores nuevos entre el curso pasado y este".

Sobre las infraestructuras, aseguró que la inversión ha crecido un 10% y que en abril de este año ya presentó las líneas generales de su plan y anunció que busca la financiación que le dé "garantía y viabilidad", para apuntar que hay nuevos centros y "está en marcha la redacción de más de seis o siete proyectos".