El Gobierno de Aragón ya da por hecho que los presupuestos de 2017 no estarán en vigor el 1 de enero y alerta del riesgo de tener que asumir incluso una prórroga presupuestaria durante todo el ejercicio. ¿El motivo? A su juicio, la incertidumbre que rodea a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), todavía pendientes de la formación de Gobierno. "El 1 de enero es imposible tener presupuestos", asumió el consejero de Hacienda de la DGA, el socialista Fernando Gimeno, que afirmó que en el mejor de los casos Aragón podría tener aprobadas sus cuentas en febrero.

Gimeno dejó claro que "solo habrá presupuestos de la Comunidad Autónoma si se aprueban los del Estado". Citó como principal problema que el Gobierno central todavía no ha informado a la DGA de cuál va a ser la cuantía de las transferencias estatales procedentes del sistema de financiación autonómica. Según explicó el consejero, todos los meses de julio se comunican a las autonomías tanto las estimaciones de los recursos que van a recibir al año siguiente como la liquidación del ejercicio anterior.

En su opinión, en esta situación "no es fácil" calcular los ingresos de 2017. "El Gobierno de España debe clarificar la participación de ingresos del Estado. Si no, a ver cómo se hacen los presupuestos", dijo. En cualquier caso, relativizó el efecto de una prórroga breve, de uno o dos meses, aunque expresó su temor de que se alargue todo el año, porque "no habría gastos nuevos".

Al contexto nacional, hay que sumar la propia inestabilidad política en Aragón, dado que el Ejecutivo PSOE-CHA está en minoría y precisa del respaldo de Podemos. Ante los problemas en las relaciones de socialistas y podemistas, Gimeno insistió en que su objetivo "es negociar con quienes le han apoyado", aunque no descartó acuerdos con otras fuerzas en el marco del trámite de enmiendas. "El escenario nacional lo condiciona todo", dijo.

La incertidumbre presupuestaria llega en un momento en que la DGA está siendo incapaz de contener el déficit. Gimeno en el mejor de los casos confía en cerrar el ejercicio con el 0,9% del PIB frente al 0,7% autorizado (alcanzó el 0,5% en mayo). Y todo en vísperas de que tenga que anunciar el cierre contable del ejercicio 2016, forzado por el Ministerio de Hacienda para que el Ejecutivo autonómicocontrole el gasto y que la desviación no sea mucho mayor. Esta situación impide por ejemplo impulsar nuevas obras y solo se admiten gastos de trámite. Esto ocurre en un contexto en que se sigue sin cumplir con el periodo medio de pago a los proveedores y Hacienda ya ha alertado del fuerte incremento de los gastos de personal.

Pese a la dureza del escenario económico de la DGA, Gimeno insiste en que no habrá problemas de financiación. Recordó la inyección económica de 200 millones de euros recibida en julio de la liquidación de 2014, el cumplimiento de las previsiones de ingresos por la subida de impuestos o los recursos del FLA. "Pero necesitamos 100 millones más para los gastos de Sanidad.Ya lo hemos comunicado a Hacienda y nos contestará en octubre", declaró el consejero.

Gimeno explicó que el pasado junio se puso en marcha la tramitación de las cuentas, y que ya se conocen las primeras previsiones de los gastos de personal o de los costes financieros. Indicó que el avance de liquidación de 2016 será clave para concretar los presupuestos. Aseguró que el techo de gasto se quiere aprobar a finales de septiembre o en octubre, ya fuera de plazo, pero recordó que el Estado tampoco no ha dado luz verde al suyo.

Consideró que en un principio el objetivo del Ejecutivo era incrementar el gasto, pero en este momento no descartó nuevos recortes. En este sentido, recordó que se está a la espera de conocer cómo evolucionarán los ingresos del Estado y los ajustes que exigirá Bruselas a España para contener el déficit.