El Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), organismo dependiente de la DGA, no tendrá que indemnizar con 1,2 millones de euros a la UTE Dragados-Marco Obra Pública por la rescisión en noviembre de 2014 del contrato de obras para construir el Centro de Química y Materiales (Ceqma), el proyecto de mayor envergadura del campus del Actur con un presupuesto de adjudicación de 11,1 millones de euros. Así lo establece una sentencia judicial dictada el pasado mes de julio por el Juzgado de primera instancia número 10 de Zaragoza, que resuelve además que el ITA no deberá devolver los avales de la obra, que ascienden a 558.637 euros. El fallo no es firme y cabe apelación.

La polémica se suscitó en junio de 2014, nada más firmarse el acta de replanteo, paso administrativo que da inicio a las obras. En ese momento, las empresas contratistas indicaron que la cimentación proyectada estaba "pendiente de estudio" y que en función del resultado habría que definir el modo de ejecución, su viabilidad y los costes. Ante esto, la dirección de obra calificó de "infundada" la reserva expresada por las empresas contratistas, pero la obra quedó suspendida a la espera de que el órgano de contratación (el ITA) tomara una decisión. Al final, el citado organismo dictó una resolución que autorizaba el inicio de las obras.

Las labores de pilotaje comenzaron el 18 de agosto de 2015, pero el 2 de septiembre la UTE informó a la dirección de obra que había comunicado verbalmente al ITA "la paralización de la obra (pilotaje) sine die, sin que exista justificación técnica ni escrita de los argumentos" para detener los trabajos, dice la sentencia. Se habían colocado correctamente en ese momento 122 pilotes y hubo problemas en 5. En octubre se constató que había comenzado el desmontaje de las pilotadoras y en noviembre se comunicó la rescisión del contrato de obra. La UTE adjudicataria acudió a los tribunales para reclamar 1,2 millones, además de los intereses y las costas.Pérdida de fondos europeos

La paralización del edificio, que era la mayor apuesta en el campo de la investigación del anterior Gobierno PP-PAR, tuvo consecuencias graves. Entre las más importantes destaca la pérdida de fondos europeos Feder, de donde salía el 50% de la financiación de la obra. Esta circunstancia es destacada en la sentencia.

Una prueba pericial practicada indicaba que el reconocimiento geotécnico del proyecto de construcción "fue claramente insuficiente" y que el criterio por el que se fijaba la longitud de los pilotes no estaba "suficientemente definido". Pero el juez considera que los 122 pilotes se habían colocado bien, por lo que "el procedimiento elegido (...) no era tan inadecuado".

Además, recuerda que los problemas del terreno no eran desconocidos para la empresa cuando firmó el contrato. Insiste en que los pliegos de condiciones no admitían modificaciones contractuales. "Quizá la demandante no debería haber firmado el contrato", dice la sentencia, que señala que la UTE no podía cambiar "unilateralmente" la forma de ejecución de la cimentación.

Según el juez, la actitud de la empresa es "un auténtico incumplimiento contractual", agravado por la pérdida de los fondos europeos. La sentencia niega que haya habido un cambio en las circunstancias que justifique la actitud de las adjudicatarias. "La demandante tenía conocimiento de la situación antes de prestar su consentimiento", dice la sentencia, que además condena en costas a la UTE. "Su equivocación no puede perjudicar a otros ni verse indemnizada", concluye.