El Catastro detecta en Aragón 64.467 inmuebles que no estaban bien declarados

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha detectado que 64.467 inmuebles no tributaban por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que les correspondía. El 16,87% de las edificaciones revisados desde que comenzó el plan de regularización catastral en el año 2013 (un total de 382.175) no están bien declarados. Un satélite y drones han permitido hacer el rastreo desde el aire en 403 municipios de Aragón, que tiene el dudoso honor de encabezar la lista de comunidades autónomas donde, proporcionalmente, el Ministerio ha detectado mayor fraude. La mayoría de las irregularidades detectadas estaban en nuevas construcciones, ampliaciones o piscinas sin declarar.

Este plan, ligado a la lucha contra el fraude –según explican fuentes del Ministerio­– afectará durante este año y hasta el 30 de julio de 2017 a 123 municipios aragoneses más (en algunos de ellos ya ha concluido o se está haciendo). Las mismas fuentes detallan que el objetivo es llegar a la mayoría de localidades y concretan que el plan lo ejecuta el Catastro, en colaboración con los ayuntamientos.

Por provincias, Huesca es en la que más inmuebles se han comprobado (147.790 en 114 municipios), un 52%, frente al 22% de los regularizados en Zaragoza o el 29% de Teruel –donde se han terminado de revisar 177.879 y 56.506 inmuebles, respectivamente–. La provincia aragonesa donde se ha registrado mayor fraude en términos porcentuales es Teruel, donde el 20,48% de los inmuebles revisados no pagaban el IBI que les correspondía.

El tipo de fraude tiene que ver, sobre todo, con nuevas construcciones que no estaban declaradas. En el caso de Huesca, esta casuística supone el 50% de las regularizaciones. En el caso de Teruel, el 40% de los fraudes detectados tiene que ver con reformas y cambios de uso. En Zaragoza, un 28% tienen que ver con ampliaciones y rehabilitaciones no comunicadas.

El Catastro Inmobiliario es un registro administrativo en el que se describen los bienes inmuebles urbanos, rústicos y de características especiales de toda España, salvo País Vasco y Navarra. A diferencia de otros registros, como el de la propiedad, este tiene carácter obligatorio. El Catastro debe procurar que la descripción de los inmuebles concuerde con la realidad.

En toda España se han comprobado y regularizado más de 4.300 municipios, en los que se han detectado 1,69 millones de inmuebles que no habían tributado lo que les correspondía. Esto ha supuesto que la recaudación por IBI haya subido en más de 1.200 millones de euros. En el caso de Aragón y, siempre según los datos facilitados por la Dirección General de Catastro a fecha 20 de julio, la cifra tampoco es baladí, ya que supera los 37,9 millones de euros. Por provincias, el incremento total de la cuota íntegra del IBI es de 23,6 millones en la provincia de Zaragoza; 9,2 millones en la de Huesca y algo más de 5 millones en la de Teruel.

Fuentes del Ministerio explicaron que, por cada euro invertido en el plan de regularización catastral, se recuperan 16 euros en forma de incremento de recaudación en el IBI. También concretaron que el plan se autofinancia con la tasa de regularización catastral, que es de 60 euros, y deben pagar los infractores.

¿A quién afecta este plan?

El plan afecta a todos los propietarios de inmuebles que no hayan notificado al Catastro o lo hayan hecho, pero de forma incompleta, modificaciones en su vivienda como la ampliación de un chalé, una rehabilitación o la construcción de una piscina, por poner tres ejemplos. Una vez que los técnicos constatan la irregularidad y tras un periodo de alegaciones, se le asigna un nuevo valor catastral, que será el utilizado para calcular el IBI y otros impuestos, como el IRPF, el de sucesiones o el de transmisiones patrimoniales. Además, el Catastro puede reclamar el de los últimos cuatro años.

La media en el incremento del recibo del IBI en Aragón ha sido de 160 euros y la liquidación de los atrasos se eleva hasta los 417 euros por inmueble. Esta regularización no implica necesariamente un aumento de la recaudación para los ayuntamientos, ya que la afloración de inmuebles no declarados –indican fuentes del Catastro– puede permitir rebajar los tipos de gravamen que se aplican a los vecinos.