​La DGA detectó riesgos en áreas de acampada y redactó un decreto perono llegó a aprobarlo

El anterior Ejecutivo Autonómico redactó un decreto para regular las acampadas y colonias juveniles con la idea de que entrara en vigor el 1 de enero de 2015, pero se quedó en un cajón. En 2013 ya había encargado un informe técnico para evaluar los riesgos de las áreas de acampada, en el que se analizaron 126 de las tres provincias –100 en Huesca, 5 en Zaragoza y 21 en Teruel–. En muchas de ellas, se detectaron carencias y se apuntaron medidas para mitigar incendios forestales, movimientos de terreno, vientos fuertes, caída de rayos... Sin embargo, la normativa no se ha desarrollado y la vigente data de 1997. Ahora, tras el fallecimiento de una menor de 15 años en el cañón de Añisclo el 19 de julio, el Gobierno de Aragón se plantea estudiar un decreto de acampadas vinculado al Plan Estratégico de la Juventud. Por el momento, se está analizando la situación y recopilando la información, según informan desde el Ejecutivo.

La situación para el alcalde de Biescas, Luis Estaún, está clara: "Es demasiado fácil instalar un campamento", afirma, por lo que pide una normativa más exigente, tras el desalojo de uno en Orós Alto el viernes después de que un grupo de niños de 10 años encontraran junto a la finca una granada de la Guerra Civil y en vísperas de que se cumplan 20 años de la tragedia del campin en el que fallecieron 87 personas. "Habría que ser más insistentes para que haya medidas de seguridad tanto en instalaciones públicas como privadas porque se trata de un colectivo muy vulnerable", comenta en referencia a los menores que participan en este tipo de actividades.

A su juicio, una de las carencias es que no exista en estos campamentos ninguna edificación en la que refugiarse ante las habituales tormentas. De hecho, en ese mismo paraje de Orós Alto el 21 de julio del pasado año tuvo que ser evacuado un campamento de Valencia con 83 niños y 20 monitores y dos años antes otro grupo scout de Madrid tuvo que ser realojado en el polideportivo por esta razón. Al día siguiente de la muerte de la menor de Sabadell, tres campamentos pasaron la noche en el polideportivo de Aínsa. No es el único alcalde del Pirineo que reclama esta normativa, ya que es la zona en la que más se concentra esta actividad. "No queremos que se prohíba porque genera unos ingresos en las localidades pirenaicas, pero sí que se regule porque todos los años pasa algo", comenta la parlamentaria del PAR Elena Allué que reclama que se solventen las lagunas legales en este ámbito. Recuerda que siendo directora general de Turismo en la pasada legislatura esta parcela se dejó fuera del decreto de acampadas de Aragón y del de cámpines porque es competencia del IAJ (Instituto Aragonés de la Juventud).

La normativa en vigor data de mayo de 1997 y está pendiente de una adaptación a las leyes estatales y autonómicas promulgadas de forma posterior y que afectan a esta actividad, como la ley de Juventud aprobada en 2015. Ahora, basta con presentar ante el Instituto Aragonés de la Juventud, que es el que tiene competencias en la materia, el número de monitores por niño, su titulación, el cumplimiento de las normas sanitarias y las actividades. También hay que pedir autorización a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Con todo, aunque la documentación no esté en regla, el IAJ no puede prohibir un campamento. Para este verano, ya es tarde.