Una decena de condenados por delitos sexuales habrían intentado trabajar con menores

Una decena de personas condenadas por delitos de naturaleza sexual habrían tratado de obtener en una institución aragonesa el certificado que permite trabajar con menores, que ha pasado a ser obligatorio para todas aquellas profesiones que tienen contacto con niños y adolescentes (profesores y médicos, pero también monitores de tiempo libre o entrenadores deportivos, entre otras ocupaciones) y que lleva en marcha desde el pasado mes de marzo. Fuentes del Ministerio de Justicia, responsable último del buen funcionamiento de esta medida, apuntan que "el 0,03% de las solicitudes del certificado (que debería ser un mero trámite) han resultado positivas". Es decir, que han sido pedidas por ciudadanos que, pese a no ser aptos por haber cometido un abuso o acoso sexual, decidieron iniciar los trámites oportunos.

En estos momentos, en Aragón hay un total de 1.006 personas controladas en el Registro Central de Delincuentes Sexuales tras haber sido condenados en firme por un juzgado, algunos en más de una ocasión. Esos más de mil aragoneses no pueden, por ley, trabajar con menores. De ellos, hasta 65 no habían alcanzado la mayoría de edad en el momento en que se dictó el veredicto. En el conjunto nacional, la cifra de delincuentes sexuales asciende a 40.782 individuos, y en torno al 95% de las causas corresponden a varones.

A fecha de 30 de junio, han sido 33.390 las personas que habían requerido el certificado en Aragón, aunque según apuntan desde el Ministerio de Justicia no resulta sencillo precisar en qué Comunidad lleva idea de trabajar cada una de ellas. En los casos positivos no se sigue un protocolo concreto, ya que se trata de personas en libertad pero que por su condición y con la ley en la mano ya no pueden desempeñar una profesión en la que tengan contacto con menores. Simplemente se les deniega la solicitud.

La mayor parte de las gestiones realizadas en Aragón se han llevado a cabo a través de la plataforma digital creada a tal efecto (26.326 instancias), a los que se unen los requerimientos presenciales en la gerencia territorial de Justicia en Zaragoza (4.094), en la Inspección General de Servicios de la DGA (2.729) y los 241 efectuados en distintos ayuntamientos de las tres provincias.

Se controla el perfil genético

En el Registro Central de Delincuentes Sexuales se incluyen los datos de la identidad y del perfil genético de las personas condenadas mediante sentencia firme por los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales y trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluida la pornografía. La obligatoriedad de presentar este certificado para proteger a los menores contra la explotación y el abuso sexual viene establecida por la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, así como por la Ley de Voluntariado.

Se trata de un mecanismo que facilita la prevención, la investigación y persecución de tales delitos y pretende evitar que quienes sean condenados en sentencia firme puedan realizar actividades o ejercer profesiones u oficios en contacto con menores. En este registro se encuentran inscritos los condenados por un delito de estas características, sean adultos o menores. Estos últimos dejarán de figurar en el mismo una vez que hayan transcurridos diez años desde la mayoría de edad, siempre que no cometan un delito de similares características.