La Audiencia Nacional ha admitido el recurso contencioso-administrativo presentado el pasado mes de febrero por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra el acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 27 de octubre de 2015 sobre enseñanzas universitarias oficiales para el periodo 2016-2019.

Los requisitos impugnados incorporan varias restricciones a la competencia entre universidades, ha considerado la Comisión. En primer lugar, "se impide que operadores distintos a la Universidad de Zaragoza puedan ofrecer titulaciones que esta ya imparta en determinados campus".

En segundo lugar, se exige que exista una demanda social potencial para implantar nuevas titulaciones, han continuado, añadiendo que "se obliga a las universidades privadas a probar y justificar sus fuentes de financiación económica y disponer de un plan de viabilidad y cierre en caso de posible quiebra".

La CNMC ha expresado que "la competencia entre universidades constituye el mejor mecanismo del que dispone una sociedad para conseguir que estas presten sus servicios con calidad y eficiencia, respondiendo de forma adecuada a la demanda, asegurando un ajuste entre oferta y demanda de habilidades y formación en el mercado laboral, e impulsando la innovación, la productividad y el crecimiento económico".

Desde hace décadas, el sistema universitario español "se caracteriza por la existencia de numerosas barreras normativas a la competencia, que afectan negativamente al desempeño de sus universidades, reducen su eficiencia y calidad, y limitan su contribución al crecimiento económico".

En este contexto, las restricciones incorporadas en el acuerdo del Gobierno de Aragón "obstaculizan la entrada y la capacidad de competir en el sector universitario y repercuten negativamente en el bienestar social". Su efecto principal -han añadido- es que "restringen la oferta de plazas en distintas titulaciones y limitan la variedad, la calidad, la innovación y la eficiencia en los servicios prestados por las universidades".

La CNMC analiza todos estos aspectos en el informe económico que acompaña a la impugnación, que adicionalmente destaca "cómo la entrada de una universidad competidora de la Universidad de Zaragoza ha dinamizado el mercado, intensificado la competencia e incrementado la variedad y la elección para los usuarios". Las restricciones impugnadas "limitan esta y otras dinámicas competitivas beneficiosas para los usuarios".

Eliminar las restricciones 

"Ninguna de las restricciones analizadas está justificada por la corrección de un fallo de mercado o por la protección de un objetivo de interés público, y su efecto es limitar la competencia efectiva y potencial en el sector universitario". Por estos motivos, "las restricciones deben ser eliminadas del marco normativo".

La CNMC está legitimada para impugnar ante los tribunales actos de las Administraciones Públicas y disposiciones generales de rango inferior a la ley que sean contrarios a los principios de una regulación económica eficiente y favorecedora de la competencia. En este caso, la CNMC actúa en el marco del artículo 27 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.