Los pueblos del Pirineo han decidido movilizarse, con el apoyo del Ejecutivo aragonés, ante la negativa del Gobierno central a reconocer su derecho, como afectados por embalses e infraestructuras hidráulicas, a recibir compensaciones procedentes de los beneficios obtenidos por la explotación hidroeléctrica.

Así se ha puesto de manifiesto en un encuentro celebrado en Huesca entre la comisión ejecutiva de la Asociación de Entes Locales del Pirineo (Adelpa) y el consejero de Vertebración del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, quien ha calificado de "profundamente injusta" la iniciativa del Ejecutivo central.

En declaraciones posteriores a la reunión, Soro ha informado del reciente envío al Ejecutivo aragonés de un requerimiento por parte del Gobierno para reclamar una modificación en las Directrices del Pirineo a fin de negar a los municipios afectados por embalses el derecho a una restitución.

Dichas directrices fueron modificadas recientemente para incorporar unos artículos sobre restitución territorial a los pueblos del Pirineo afectados por obras hidráulicas.

El consejero ha explicado que el requerimiento fue remitido hace una semana con la "amenaza" de llevar el contenido de las directrices a la vía de lo contencioso-administrativo si no eran eliminados los artículos sobre restitución territorial.

A su juicio, "el problema que hay en este requerimiento es la filosofía que subyace, y que dice que no hay afectados por obras hidráulicas, negando el derecho de la gente que sufre un embalse a considerarse afectada y a recibir una restitución".

Ha añadido que el requerimiento argumenta que los beneficios obtenidos por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) de sus derechos sobre la explotación hidroeléctrica deben incorporarse a una "caja única" cuyo destino puede ser "cualquier lugar de la cuenca del Ebro, tanto Cantabria como Cataluña".

Según el consejero, la "grave" situación creada a causa del requerimiento ha llevado al Gobierno aragonés a coordinar acciones con Adelpa, que ya interpuso semanas atrás un contencioso contra la nueva redacción del Plan Hidrológico del Ebro para reclamar su derecho a percibir los beneficios de la explotación hidroeléctrica.

A su juicio, el requerimiento, de forma más "explícita" que el Plan Hidrológico del Ebro, "echa por tierra" todo lo logrado hasta la fecha en materia de restitución territorial a los pueblos afectados por infraestructuras hidráulicas. Ha añadido, además, que los efectos "perniciosos y viles" del requerimiento no sólo afectan a los pueblos del Pirineo sino que pueden llegar al conjunto de la Comunidad aragonesa al establecer como criterios fundamentales los principios de "unidad de cuenca" y de "caja única".

"Lo más grave -ha subrayado- es que se dice expresamente de que no puede hablarse de afectados por obras hidráulicas, y que se llega a decir que lo que los pueblos pretenden son disfrutar de privilegios, algo que supone una quiebra absoluta de lo que se había entendido hasta ahora como razonable".

Por su parte, el presidente de Adelpa, Pablo Castán, ha expresado su tristeza, como "habitante del Pirineo", al ver rechazados desde la administración central los "importantes logros" conseguidos en materia de restitución territorial.

"Somos cedentes de recursos -ha destacado- y hemos soportado infraestructuras que han causado despoblación en el territorio, y ver esto ahora me causa preocupación y profunda tristeza".

Por otra parte, el responsable de Adelpa ha expresado su confianza "moral y jurídica" en la obtención de una resolución favorable al contencioso planteado contra la modificación del Plan Hidrológico del Ebro para instar la inclusión del concepto de restitución territorial a los municipios afectados por embalses.