El Ejecutivo de Rudi disparó un 138% las 'facturas en los cajones' hasta superar los 500 millones

La Cámara de Cuentas corrige el agujero de 2014, que pasa de 630 a 908 millones.

La presidenta del PP de Aragón, Luisa Fernanda Rudi
La presidenta del PP de Aragón, Luisa Fernanda Rudi
Efe

El Ejecutivo autonómico PP-PAR, bajo la presidencia de Luisa Fernanda Rudi, cerró 2014 con un incremento del 138% de las ‘facturas en los cajones’ hasta superar los 500 millones de euros. Este es uno de los aspectos recogidos en el informe de fiscalización del ejercicio 2014 de la DGA, que la Cámara de Cuentas hizo público ayer y que revela importantes deficiencias en la gestión económica y financiera de la comunidad autónoma.


El documento indica que las cuentas anuales fiscalizadas reflejan "la imagen fiel" del patrimonio y de la situación financiera. Ahora bien, establece diversas "salvedades" y "limitaciones", en su mayoría vinculadas a los problemas para embridar el gasto. El informe ha recibido 64 alegaciones de la DGA de las que han sido desestimadas 24.


Uno de los problemas más acuciantes de 2014 fue el de la denominada cuenta 409. Es la que agrupa las ‘facturas en los cajones’ o pendientes de aplicar al presupuesto, por falta de partida o por otros motivos, que se disparó de 205,5 a 491 millones (285,5 más). La cuenta alcanza los 507 millones si se tienen en cuenta los 16 que dejó el Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (Casar) en el momento de su disolución.


De esa cifra global, 414 millones corresponden al Salud. Además, la Cámara detecta que la cuenta 409 "está infravalorada" en 8,7 millones y que hay otras facturas no contabilizadas por valor de 28,3. En total, 37 millones de "pasivos omitidos".

Infracción "muy grave"


Dentro de esos 507 millones ‘en los cajones’, el informe indica que se dejaron pendientes de reconocer, por falta de consignación, obligaciones por 268 millones de euros (237 del Salud). Esta cuantía se puede considerar "nula de pleno derecho". Se trata de una "infracción muy grave" según la ley estatal por la que se pueden exigir responsabilidades.


La Cámara de Cuentas añade que los presupuestos "no incluyeron todos los créditos necesarios", por lo que hubo que modificarlos "en cuantías muy significativas" para atender gastos como las nóminas y la farmacia. Además, "la liquidación presupuestaria de 2014 no refleja correctamente los gastos realizados en el ejercicio".


Indica que hay 5.175 millones de euros de obligaciones reconocidas. Pero cita el caso de 371 millones en gastos que no aparecen en la liquidación, que pasaron a engrosar las ‘facturas en los cajones’. Para la Cámara, en la administración autonómica hay "un paulatino deterioro" de los procesos presupuestarios.


El organismo fiscalizador establece una serie de ajustes a las cuentas presentadas por la DGA, como por ejemplo al remanente de tesorería, que en el caso de la administración autonómica es negativo. En este sentido, si el Ejecutivo había asumido un agujero de 630 millones de euros, la Cámara de Cuentas lo eleva hasta los 908 millones en el conjunto de la administración, sus organismos autónomos y entidades de derecho público.


La Cámara advierte de que "los elevados valores negativos del remanente hacen presumir tensiones financieras". Además, se aplican otros ajustes. El organismo fiscalizador reduce los activos computados por la DGA (7.774 millones de euros) en 735 millones o eleva las pérdidas hasta los 1.624 millones de euros.

Pagos pendientes


Uno de los problemas en los que más hincapié hace la Cámara es en la ‘bola’ que cada ejercicio deja al siguiente en pagos pendientes. Al cierre del año 2014, según el informe, se acumuló un importe pendiente de pago de la administración autonómica de 1.173 millones (en 2010, esta cifra era de 528 millones). De esta cantidad, 821 millones eran deudas a las entidades dependientes de la DGA, que a su vez acumulaban impagos por 633 millones.


Esta situación propició que el periodo de pago fuera de 84 días en el conjunto de los entes, por encima del máximo legal de 30 días. Según el organismo, esta morosidad se mantuvo en 2014 pese al "importante" volumen de fondos obtenidos a través de mecanismos extraordinarios de pago a proveedores (509 millones entre 2012 y 2014). Si se tienen en cuenta los fondos de que llegaron en 2015, se alcanzaron 1.139 millones de financiación.

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