El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha informado de que según los datos provisionales del programa de ayudas al alquiler en la Comunidad, cuyo plazo de presentación de solicitudes concluyó el pasado 20 de junio, han sido atendidas 10.010 personas, de las que han solicitado ayuda 7.621.

Esto supone que ha habido menos peticiones de 2015, cuando alcanzaron las 8.952, ha detallado Soro en respuesta a una interpelación parlamentaria en el pleno de las Cortes de Aragón formulada por la diputada de Partido Aragonés, Berta Zapater.

Soro ha reconocido que "no sabemos a cuántas personas vamos a llegar" ya que "depende del importe que reciba cada una", para estimar que se superarán las 3.359 ayudas del año pasado, pudiendo sobrepasar las 4.355 según cálculos hechos por el Departamento a partir de los 4,7 millones de euros con que está dotado este programa, al que se sumarán otros 1,45 de fondos propios de la Comunidad.

El consejero también se ha referido a las viviendas vacías fruto de ejecuciones hipotecarias, que son propiedad de los bancos, para sostener que si bien "nos gustaría expropiarlas, no podemos" según la doctrina del Tribunal Constitucional.

Al respecto, ha explicado que el decreto ley aprobado por el Ejecutivo autonómico en materia de vivienda contempla que los bancos deben comunicar las viviendas de ejecución hipotecaria que están vacías, media que "ha sido muy útil" porque "nos han comunicado 4.192", cifra que ha contrapuesto a las 269 que actualmente hay en la bolsa social del Gobierno de Aragón.

Ha añadido que sobre esa cifra se ha hecho una preselección con los datos objetivos que han dado las entidades, eligiendo la mitad, de las que se han visitado 240. De estas, 190 ya tienen informe y 152 se han declarado aptas para poder ser ocupadas en régimen de alquiler como vivienda social.

Soro ha aclarado que las viviendas que son inhabitables no tienen que ser comunicadas por los bancos, para indicar que quieren "llegar a acuerdos con las entidades financieras" y "estamos trabajando en un convenio", para que en vez de que la propiedad firme un contrato con la familia que la ocupe, aporte la vivienda a la bolsa y sea el Gobierno de Aragón el que se relacione con los inquilinos y "así poder hacer también trabajo social".