El Gobierno de Aragón se quedará finalmente como socio único en la Plataforma Logística de Zaragoza SA (Plaza), responsabilizándose de la deuda de 138 millones de euros que acumula la sociedad pública y que no se podrá devolver aun vendiendo todo el suelo que queda en cartera. Esta es la consecuencia directa de la decisión adoptada ayer por el consejo de administración de Plaza, que aprobó ayer una "operación acordeón" para reducir y ampliar de forma simultánea su capital social y solventar así el "grave desequilibrio patrimonial" que arrastra desde hace años. De este modo, se salvará de su liquidación tras acumular más de 69 millones en pérdidas.

La propuesta partió de la propia DGA, que ya controla Plaza con el 51,52% de las acciones y que ostentará el 100% a partir de finales de mes, cuando la junta general dé su visto bueno definitivo. El Gobierno cuenta ya con el respaldo del grupo Ibercaja (que tiene ahora el 36,36%), cuyos consejeros apoyaron ayer la operación financiera, y la abstención del Ayuntamiento (representa el 12,12% restante). De este modo, se pondrá fin a una colaboración que se extiende desde la constitución de Plaza en noviembre de 2000 por parte de la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza, a las que se sumaron cinco meses después Ibercaja y CAI (ahora unidas).

La entidad financiera aún debe oficializar si acude o no a la ampliación, aunque no ha ido a las últimas y se prevé que renuncie igualmente ahora, según aseguraron ayer varios consejeros de Plaza. En el caso del Ayuntamiento, no podría hacerlo aunque quisiera porque tiene prohibido hacerlo por su elevado endeudamiento y estar supeditado a un plan de ajuste.

Ante este panorama, la única opción viable es la planteada por el gerente de Plaza, Francisco de la Fuente: reducir el capital social (que asciende ahora a tan solo 233.449 euros tras haberse recortado con antelación para equilibrar las cuentas) y ampliarlo de forma simultánea en 54,2 millones. La DGA no tendrán que hacer otro desembolso, sino que se recurrirá a una compensación de los créditos contraídos por Plaza con la Corporación Empresarial Pública de Aragón. De este modo, el patrimonio negativo se reduciría a 14 millones y representará así menos de dos tercios del capital social, tal y como marca la normativa societaria.

Esta decisión se había demorado hasta ahora porque el anterior Ejecutivo PP-PAR no quiso quedarse como socio único y optó por sustituir las ampliaciones de capital por préstamos participativos para afrontar las deudas de Plaza. Esta fórmula, que supuso una inyección de 54,2 millones, salvó a la sociedad de la disolución, aunque tuvo que reducir igualmente su capital social, que llegó a los 47,3 millones de euros desembolsados.

Fuentes oficiales de la DGA señalaron que la propuesta se había hablado previamente con el resto de socios y que el único objetivo es "fortalecer y capitalizar" la sociedad. "Es la mejor opción tras haber refinanciado Plaza y seguiremos con la gestión comercial unificadas de las cuatro plataforma logísticas", señalaron.

El Ejecutivo PSOE-CHA quiere seguir contando con el Ayuntamiento, por lo que seguirá contando con uno de sus dos actuales representantes en el consejo de administración, "con voz pero ya sin voto".

El concejal de Hacienda, Fernando Rivarés, subrayó que la decisión les libra de la deuda de Plaza y que, de todos modos, no podían asumir su parte de la ampliación (unos seis millones) por tenerlo prohibido por el elevado endeudamiento municipal. "Eso no quiere que el Ayuntamiento renuncie al 5% de cesión de suelos que Plaza aún no le ha entregado desde 2003 y que el PP y el PSOE olvidaron durante 13 años", señaló, sin poder especificar cuánto dinero puso el Ayuntamiento y no podrá recuperar ahora.El PP critica el "fracaso"

La postura crítica correspondió al portavoz popular, Jorge Azcón, quien afirmó tras acabar el consejo de administración que la salida municipal de Plaza, con la consiguiente renuncia millonaria al capital desembolsado en su día, certifica el "absoluto fracaso" del Ayuntamiento de Zaragoza como socio. "Es una sociedad ruinosa que le ha costado millones a los zaragozanos", dijo antes de incidir en que aún no se ha entregado la cesión obligatoria de suelo a la ciudad ni solventado el litigio por la titularidad de los viales y zonas verdes de la plataforma.

Rivarés, que compartió con Azcón el hecho de que la decisión de sacar al Ayuntamiento es de la DGA, consideró "perversa" su argumentación. "Salimos sin deuda", apostilló.