Los consejeros y los altos cargos del Gobierno de Aragón publicarán finalmente su declaración de actividades, bienes y derechos patrimoniales en el portal de transparencia de la DGA a lo largo de este mes. Así lo tienen previsto hacer por iniciativa del PP, que logró ayer el respaldo del resto de partidos en las Cortes de Aragón para instar al Ejecutivo PSOE-CHA a publicar sus datos de forma voluntaria. De este modo, seguirán el ejemplo de los diputados, que hace un mes ya hicieron este ejercicio de transparencia sin esperar al nuevo reglamento que les obligará a hacerlo.

La moción aprobada por unanimidad también insta a publicar más información a los consejeros y altos cargos: desde sus datos biográficos profesionales y funciones en cualquier organismo o sociedad en los últimos cuatro años hasta las actividades para las que se les haya autorizado o reconocido la compatibilidad. Igualmente, se les pide que detallen sus retribuciones "en el ejercicio de cargos públicos, incluidas cualesquiera dietas e indemnizaciones, con indicación expresa de los conceptos retributivos y el importe de los gastos de representación".

En aras de la unanimidad, el grupo del PP aceptó una transacción del PSOE para ampliar de 15 a 30 días el plazo para que los consejeros y altos cargos publiquen sus bienes sin esperar a la aprobación de la ley que lo regulará.

En la defensa de la moción, la parlamentaria popular Marián Orós subrayó que si no hay nada que ocultar, "lo mejor es publicar", especialmente si lo que se pretende es recuperar la confianza de los ciudadanos y evitar "los abusos de poder".

Orós recordó que la consejera de Ciudadanía, María Victoria Broto, de la que depende el área de transparencia, estuvo "muy dubitativa" cuando la interpeló hace dos semanas por este asunto. "Si lo hubieran publicado se habrían ahorrado disgustos y vergüenzas. La transparencia es fundamental para evitar desviaciones de poder y abusos, pero solo actúan cuando se ven contra las cuerdas", dijo en referencia al cese de la directora del Inaga al conocerse sus vínculos empresariales o a la contratación de la empresa de la familia del consejero Olona.

Pese a negociar la ampliación del plazo a un mes para publicar los datos, el diputado socialista Florencio García Madrigal defendió que ya tenían previsto hacer públicos los datos en quince días con un modelo único "comprensivo, pedagógico y accesible a los ciudadanos".

El resto de diputados defendieron también la transparencia para dar "credibilidad" a la clase política. Elena Allué (PAR) recriminó al PSOE-CHA que necesite una moción para hacer algo que "debería salir de los miembros del Gobierno", mientras Ramiro Domínguez (Ciudadanos) puso el acento en la "tarea vital" que supone dar ejemplo y Patricia Luquin (IU) incidió en que debería ser "mecánico", además de "una forma de estar en política".

La nota discordante la puso el diputado de Podemos Héctor Vicente, quien recriminó al PP que la iniciativa era "escasa y cicatera, de cara a la galería" antes de enumerar casos de corrupción que le salpican y recriminarle su rechazo a la oficina anticorrupción recogida en la ley de integridad y ética pública. Orós le respondió que su partido no despreciaba iniciativas parlamentarias, subrayó que Podemos no ha hecho ninguna en materia de transparencia y recordó que el caso Plaza salió a la luz gracias a un alto cargo de Rudi.