Las empresas recurrieron el año pasado contratos valorados en casi 1.000 millones
El sector sanitario es el que más recursos acumuló al año pasado: algo más del 30% del total.
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) cumple ahora cinco años de vida. Fue creado en 2011 por la Ley de Contratos del Sector Público de Aragón y desde entonces ha atendido cerca de medio millar de recursos de empresas sobre licitaciones de entidades públicas aragonesas: desde la DGA hasta ayuntamientos pasando por la Universidad de Zaragoza y las tres diputaciones provinciales.
La principal función (nada baladí) de este organismo, creado en los últimos compases del último mandato del socialista Marcelino Iglesias, es velar por la aplicación correcta de las normas jurídicas en la preparación y adjudicación de los contratos públicos en la Comunidad.
La semana pasada el TACPA aprobó su memoria de actividades correspondiente a 2015. Entre otros muchos detalles, el documento recoge el hecho de que el año pasado, por primera vez, se registró una caída en el número de recursos interpuestos (estudió 113 recursos cuando en 2014 la cifra había ascendido a 131) pero los contratos recurridos representaban más montante económico que nunca: más de 961,4 millones de euros.
El sector sanitario es el que más recursos acumuló al año pasado: 34, lo que supone algo más del 30% del total. De cerca le siguen los procedimientos de la DGA, que fueron 'impugnados' por las compañías hasta en 28 ocasiones. Solo cuatro contratos de la Universidad de Zaragoza fueron estudiados por el TACPA a petición de alguna empresa y, respecto a las entidades locales, fueron los ayuntamientos los que más recursos acumularon: 15 en total. Contra licitaciones de las diputaciones se presentaron cuatro y contra las comarcas, tan solo un par.
Las empresas pueden consultar al tribunal sobre los diferentes momentos del procedimiento de contratación: desde la redacción de los pliegos hasta la adjudicación, todo está sujeto a los ojos expertos del TACPA. Precisamente las adjudicaciones, junto a los actos de trámite, son los actos que más recursos acumulan, 38 y 39 el año pasado, respectivamente.
El año pasado, fueron los contratos de servicios los que más 'quejas' tuvieron: un total de 67 en varios procedimientos valorados en algo más de 280 millones de euros. Pero, por su cuantía económica, fueron los contratos de concesión de obras los que más peso tuvieron en los recursos: el TACPA abrió seis procedimientos sobre este tipo de contratos cuyo valor estimado total superaba los 472 millones.
Todos los acuerdos que ha adoptado este tribunal desde el inicio de sus actividades pueden consultarse en su web. La transparencia, y sobre todo la difusión de la doctrina que nace de cada proceso, son aspectos que preocupan mucho en el organismo, por eso el año pasado se implantaron algunas mejoras en la web, como un buscador que permite filtrar por sentido del acuerdo, año de adopción del mismo o tipo de contrato.
Siete recursos a los tribunales
Prácticamente la mitad (el 49,56%, concretamente) de los recursos que atendió el año pasado el TACPA, se desestimaron. Las decisiones del TACPA no son, ni mucho menos, definitivas. Las empresas que no compartan los acuerdos del tribunal pueden recurrir en la justicia ordinaria. De hecho, el año pasado se produjo un repunte en este sentido: en siete ocasiones las decisiones del tribunal acabaron en los tribunales contenciosos administrativos. En 2014 habían sido tres.
La memoria del tribunal indica que todavía no se ha dictado sentencia en estos casos, pero sí conocen ya el resultado de varios recursos que se interpusieron en el ejercicio 2012. En tres ocasiones los tribunales han dictado sentencias estimando los recursos de las empresas. Solo en una ocasión se ha producido una desestimación.
El TACPA está compuesto por un presidente y dos vocales. También cuentan con una persona que se encarga de las labores de secretaría. Los miembros del tribunal reciben dietas por su actividad en el mismo. Estas las fija el Consejo de Gobierno aragonés y el año pasado ascendieron a un total de 39.525 euros. Esta cantidad supone 5.780 euros más que en 2014.
