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​La DGA destituye a la directora del Inaga al perder su confianza por sus vínculos empresariales

Estima que debió abstenerse en el expediente que autoriza al Tranvía a hacer negocio con los escombros de las obras

El consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, comunicó ayer por la tarde el cese a la directora del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), Marta Puente, por «falta de confianza» al no haberle informado de sus «vínculos empresariales, que podrían afectar a su actual gestión». La destitución se hará oficial en el próximo Consejo de Gobierno, previsto la semana que viene.

Olona tomó la decisión tras conocer por este diario que Marta Puente constituyó hace ocho años una sociedad, Puente y Asociados 08 SL, con Ignacio Villellas, exdirectivo de Sudismin, empresa que explotaba el vertedero de escombros Las Canteras de Torrero y cuya familia sigue vinculada en la actualidad, según consta en el registro mercantil.

Se da la circunstancia de que Marta Puente autorizó en junio de 2003 como directora general de Calidad Ambiental, cargo que ocupaba entonces en el Gobierno PSOE-PAR, un plan de acondicionamiento al vertedero, lo que permitió que siguiera recibiendo escombros hasta 2009. Y en la empresa que lo explotaba, Sudismin, ejerció de consejero delegado mancomunado Ignacio Villellas justo en esa época, entre octubre de 2003 y junio de 2004, además de participar en una de las sociedades que ostentaban la propiedad.

Ya juntos, constituyeron Puente y Asociados en 2008 con un capital social de 3.006 euros. La empresa, dedicada al «asesoramiento» en el diseño y elaboración «de todo tipo de proyectos, programas y planes» desde el punto de vista ambiental, económico y social, está inactiva desde 2011. Ambos fueron administradores mancomunados, pero su socio se desvinculó en 2014 y desde entonces Marta Puente consta como administradora única.

Expertos juristas consultados por este diario subrayaron ayer que el mero hecho de figurar en una empresa con más de un 10% de su accionariado y, sobre todo, como administradora es un «claro ejemplo» de incompatibilidad para un alto cargo, esté o no la sociedad activa. «La ley no solo pretende evitar los conflictos de interés, sino garantizar que no los haya y tener apariencia de que no existen para que haya una percepción de que las cosas están bien hechas», argumentaron.

Las citadas fuente oficiales de la DGA no ocultaron su malestar por el hecho de que la exdirectora del Inaga no hubiera informado «sobre sus anteriores relaciones empresariales y la autorización que dio en su anterior etapa».

Desde el Gobierno se justificó también la destitución de Marta Puente en el hecho de que no se abstuviera ahora en un expediente sobre los escombros del tranvía de Zaragoza, cuya gestión se encomendó en 2009 a la empresa Sudismin. En este sentido, las fuentes de la DGA explicaron que la resolución de Olona por la que se acaba de autorizar a Los Tranvías de Zaragoza a hacer negocio con los escombros (por cuyo tratamiento, reciclaje y traslado a vertedero se pagaron 9,8 millones de dinero público) se basa en un informe-propuesta firmado a su vez por Marta Puente. «Lo prudente es que se hubiera abstenido», señalaron.

No obstante, el Ejecutivo autonómico hizo hincapié en defender la decisión adoptada por el consejero Olona. «Su resolución está bien fundamentada desde el punto de vista jurídico», subrayaron.Segunda destitución en la DGA

La destitución de Puente se suma a la de la gerente del Banco de Sangre , Bárbara Menéndez, adoptada por el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, nada más conocer en octubre su imputación por una estafa millonaria en una promoción de VPO. El PP señaló entonces que había que «saber escoger a personas que hagan de la ejemplaridad una actitud ante la vida».

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