Los expertos abogan por una reforma del sistema sanitario para garantizar su futuro

La aprobación de la Ley General de Sanidad en 1986 fue un "hito histórico" y marcó un "antes y un después" en la realidad asistencial de nuestro país, pero 30 años después de su entrada en vigor, los expertos abogan por desarrollar importantes cambios para garantizar la sostenibilidad de la sanidad a las próximas generaciones. Su financiación, organización y la poca autonomía de los centros sanitarios, así como las políticas de contratación y formación del personal fueron algunos de los asuntos que se pusieron sobre la mesa en la jornada que el Departamento de Sanidad organizó ayer para conmemorar el aniversario de esta normativa y que congregó a casi 250 personas.

En la sesión, Javier Rey del Castillo, médico inspector del Sistema Nacional de Salud y ex secretario del Consejo Interterritorial de Sanidad, aseguró que es un "momento excelente para ver qué cosas se hicieron mal y regularlas" de otra manera, ya que reconoció que la ley podría mejorarse en muchos aspectos. "Se debe poner de relieve no solo lo que se hizo, también lo que se dejó por hacer", apuntó este experto, que entre otras cuestiones dudó de que fuera viable el interés de las regiones por ampliar cada vez más sus carteras de servicios. "No creo que todas las comunidades deban dar todas las prestaciones", apostilló Rey del Castillo.

En un tono mucho más crítico, José Manuel Freire, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad y ex consejero de este ámbito del Gobierno Vasco (1987-1991), recriminó a los políticos que la sanidad no sea una "prioridad" en sus agendas y consideró necesario que planteen cambios e innoven en esta materia. Recordó que de los 143 artículos de la normativa, actualmente solo hay vigentes 37.

Respecto a la sostenibilidad del sistema, Freire aseguró que España es un "país atípico" en el que 2,4 millones de ciudadanos cuentan con una sanidad diferente. "Cuando en el sistema público estén funcionarios, jueces... todo será mejor", señaló. Además, entre las singularidades españolas, explicó que la sanidad pública "tiene las manos y los pies atados" en muchos aspectos, como en la organización de los centros sanitarios. "Somos el único país que cambian los directores de hospital cuando cambia el Gobierno (...) Para dotar de más personal a un hospital, hay que pedir autorización al consejero de Hacienda", recriminó este experto, que censuró la situación de interinidad de muchos trabajadores y puso en duda la idoneidad de las actuales ofertas públicas de empleo.

En la segunda parte de la sesión, celebrada en el Caixafórum de Zaragoza, participaron especialistas en diferentes áreas para evaluar el impacto de la Ley General de Sanidad en sus respectivos ámbitos. Para Josefa Ruiz, secretaria de Salud Pública de la Junta de Andalucía, uno de los retos que se plantea es el "abordaje de las demandas ciudadanas" y velar por el interés colectivo y no por el individual.

La representante del Ministerio de Sanidad Mercedes Alfaro defendió el papel de los profesionales de Atención Primaria como gestores "porque de ellos depende el 70% del gasto sanitario" y el psiquiatra Álvaro Monzón habló sobre la dificultad de la puesta en marcha de la salud mental. Por su parte, Isabel Antón (Asociación de Vecinos de Delicias) remarcó los "derechos y deberes de los ciudadanos".