La competencia de las empresas contratistas de obra pública por hacerse con los ocho contratos de conservación de carreteras de Aragón permitirá a la DGA ahorrarse un tercio del coste previsto en la licitación, lo que supondrá más de nueve millones de euros para las arcas autonómicas en los dos años de concesión.

Este dinero no irá a enjugar el déficit porque se destinará a mejorar la deteriorada red autonómica. Así lo aseguró a este diario el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, quien pretende destinar parte del dinero a sacar a concurso este mismo año la intervención en varios tramos de concentración de accidentes. Para ello, contará ya en este ejercicio con un tercio del ahorro por las bajas económicas presentadas por las empresas incluidas en la propuesta de adjudicación, elaborada por la mesa de contratación y asumida por la consejería. Lo que aún se debe concretar es qué actuaciones se verán ahora beneficiadas.

Soro prevé adjudicar hoy los contratos por un importe global de 18,7 millones (más IVA) y las empresas asumirán los trabajos a partir del verano, por lo que hasta entonces las tareas seguirán bajo mínimos al haber acabado las anteriores contratas en marzo.

José Luis Soro explicó que el pliego no estaba diseñado para primar las bajas de las empresas. "La curva económica era muy plana y han sido las empresas las que han presentado sus ofertas, que son razonables", dijo.

En el anterior concurso, dos grupos catalanes, Romero Polo y Sorigué, coparon las ocho zonas de conservación en las que se dividió el mapa de carreteras de la DGA. Para evitar que se repitiera la situación, se limitó en la nueva convocatoria el número de adjudicaciones por grupo de empresas a tan solo dos de los nueve sectores en los que se ha repartido ahora la red autonómica. Además, se pretendió primar a las contratistas de Aragón y a las instaladas en la Comunidad, para lo que se puntuó el hecho de disponer de instalaciones en las cercanías a cada zona de conservación.

Ambas circunstancias han permitido que seis de las siete adjudicatarias sean aragonesas: MLN y Papsa (con dos sectores), Vidal, Sumelzo, Angulo y Transfer (esta última en dos zonas en unión con las dos empresas anteriores). La catalana Sorigué repite con dos zonas, al igual que Romero Polo a través de la aragonesa Papsa. "El objetivo era repartir el trabajo y sin injerencias se ha logrado, ya que se ha asumido la propuesta técnica", sentenció Soro.