Jairo, el niño de padres zaragozanos que nació en una cárcel peruana, ya está fuera de la cárcel... pero no en España. Aún no. La burocracia, igual de latosa e impertinente a un lado y otro del Atlántico, está demorando el viaje del niño y su padre a la capital aragonesa, donde pretenden iniciar una nueva vida mientras esperan la salida de la madre de la prisión de Chorrillos, al sur de Lima.

El pequeño, de tres años, vive ahora con su progenitor, Javier Gómez, en una habitación limeña. El alquiler de la estancia lo sufraga el mismo grupo de empresarios españoles establecidos en el país andino que se hicieron cargo de la multa de más de 1.800 euros que arrastraba el padre del chico por permanecer en Perú de manera irregular. El promotor del 'rescate' es un aragonés que prefiere mantener el anonimato.

Para que Javier y Jairo puedan salir del país es inexcusable que el primero tenga la custodia completa del segundo. De lo contrario, no podrían tomar un vuelo. La madre, que cumple una pena de más de seis años y ocho meses por tráfico de drogas, está conforme. Pero la imposibilidad de que un notario acceda al penal -no se ha logrado el permiso- impide el trámite.

El consulado de España en Lima, que siempre ha rehusado en varias ocasiones comentar la delicada posición de la familia, ha accedido al final a promover la firma del documento. "El cónsul se ha comprometido a ir él, o en su defecto al vicecónsul, a la prisión para completar el poder notarial", explica Javier Casado, presidente de la Fundación +34, que asiste a los presos españoles en el extranjero y que ha dado cobertura legal a los padres de Jairo.

La situación colea desde enero, cuando el empresario aragonés encabezó la iniciativa para ayudar a Javier a pagar su multa, que se le impuso después de que la madre fuera arrestada y él tuviera que desplazarse a Lima sin ninguna previsión. Al llegar con pasaporte vacacional y quedarse de forma permanente para estar junto a su familia, adquirió una deuda con el Estado peruano que crecía por momentos y llegó a los 2.000 euros. Su sueldo (en negro) de guarda era de apenas 50 euros semanales.

Luego vino el papeleo. Se evitó que el niño pasara a manos del sistema de justicia andino y que acabara en un orfanato, donde sería dado en adopción por la vía rápida por el mero hecho de tener rasgos caucásicos. Cuando todo parecía solventado y la fundación buscaba financiación para los billetes de avión, apareció el escollo de traspasar la custodia. Cosas de la burocracia.

Jairo fue liberado del penal hace apenas unas semanas pero a su madre, Ana Pilar Gracia, aún le quedan más de dos años dentro. Y el enfrentamiento con las instituciones de uno y otro país ha tenido un peaje: todas las españolas confinadas en el penal de Chorrillos menos ella fueron trasladadas a la prisión de Ancón 2. Además, ha tenido que soportar una estancia en un módulo de aislamiento.

Entretanto, el niño aguarda ajeno a todo. Convive con su padre pero está sin escolarizar, un derecho (la obligatoriedad llega a los 6) que vería satisfecho si estuviera en España. El departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón está al tanto de los avances del caso para que los servicios sociales intervengan a la llegada de Jairo y Javier, y las Cortes autonómicas debatirán una proposición no de ley promovida por el grupo socialista para abordar el retorno de los presos aragoneses a las cárceles de la Comunidad.

Captada por una mafia

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Ana Pilar forma parte de la quincena de aragoneses que están presos en el extranjero. Esta zaragozana de 29 años fue detenida en 2012 en el aeropuerto internacional de Lima después de ser captada por una mafia internacional que ha utilizado a españoles víctimas de la crisis para introducir en el país droga procedente de Latinoamérica. El ofrecimiento le llegó en el entorno de un comedor social.