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Aragón se une al resto de consejerías socialistas para frenar la reválida de Primaria

Aunque cuatro autonomías no la aplicarán, Pérez no desobedecerá lo que marca la Lomce.

Reunión, el pasado verano, entre el ministro de Educación y la consejera aragonesa, Mayte Pérez.
Reunión, el pasado verano, entre el ministro de Educación y la consejera aragonesa, Mayte Pérez.
Oliver Duch

La situación de incertidumbre que crea un Gobierno en funciones se extiende a la educación. Del mantenimiento del actual Ejecutivo o su sustitución por otras siglas depende la Lomce, la última ley del sector aprobada, ya que los principales partidos de la oposición anuncian que la retirarán si llegan al poder. Pero, suceda lo que suceda, las consejerías socialistas se han unido para pedir que el Ministerio convoque la Conferencia Sectorial de Educación a la mayor celeridad posible y abordar así aspectos pendientes de definición como la reválida en sexto de primaria que, a pesar de encontrar contestación en el sector, tiene que llevarse a cabo el próximo mes de mayo. Aragón va a hacer frente común con el resto de Departamentos con consejero socialista para tratar de paralizar esta prueba o, en todo caso, retrasarla, pero no participará en el boicot que ya han anunciado Navarra, País Vasco, Cataluña y Canarias, que desobedecerán la ley y preparan sus propias pruebas para el final de primaria.

Mientras esperan la reunión del Ministerio con todos las autonomías, la consejera aragonesa, Mayte Pérez, ha solicitado una convocatoria urgente de la Comisión General de las Comunidades del Senado para la suspensión de esta prueba. El Consejo de Gobierno dio luz verde a esta solicitud, que se tramitará de forma urgente y extraordinaria "por concurrir razones de urgencia e interés general para proceder a esta medida, y por contar con la oposición de la comunidad educativa, los interlocutores sociales y de las fuerzas políticas representadas en el Congreso", explico el Ejecutivo aragonés en una nota de prensa.

Nada más tomar posesión del cargo, el pasado mes de julio, Mayte Pérez anunció que su primera medida sería la paralización de la polémica ley educativa del PP. Pero, aunque ha ido dando pasos en este sentido, el Departamento aragonés ha ido bordeando la norma y reduciendo la aplicación de la normativa siempre dentro de los límites que establece la propia ley. Entre las medidas que tomó, suprimió la calificación de matrícula de honor en primaria y la prueba externa que se preparaba también para tercero de ese ciclo que, aunque incluida en la Lomce, no era de obligado cumplimiento. En cualquier caso, Educación informa de que los estándares que se pedían medir en ese nivel se han incluido dentro de la evaluación continua que hasta ahora se desarrollaba. Sin embargo, el Ministerio sí exige que a final de primaria haya un examen para los alumnos que sea independiente de los centros. Aragón no objetará como otras Comunidades, pero sí exige una moratoria o, en último caso, que se den las instrucciones necesarias para establecerla.

El problema más urgente que se exige solucionar es esta reválida, pero el comunicado conjunto de los consejeros de Educación socialistas nombra algunos más, entre los que se incluyen la prueba final en 4º de ESO y la desaparición de la Selectividad y su posterior sustitución por otro control distinto, que deberían establecerse durante el curso que viene. También está pendiente la titulación de la Formación Profesional básica y el acceso a los ciclos de grado medio y superior. El escrito que han dado a conocer los responsables de Educación de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia, Asturias, Baleares y Cantabria, junto con Aragón, considera que la situación es "un caos generalizado" y avisa de que estas autonomías no mantendrán ninguna reunión bilateral con el ministro hasta que se convoque la Conferencia Sectorial.

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