"Pinilla no cometió ni uno solo de los 26 delitos de los que se le acusa y todo su patrimonio es lícito"

Ni prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones, negociaciones prohibidas a los funcionarios, exacciones ilegales, falsedad o fraude fiscal. Ni uno solo de estos delitos –varios de ellos repetidos hasta sumar 26– que la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el Ayuntamiento de La Muela atribuyen a la exalcaldesa María Victoria Pinilla existieron. Así lo cree su abogado de oficio, Santiago Palazón, quien ayer, en la penúltima sesión de esta larga vista oral, defendió con vehemencia su inocencia. No solo aseguró que la política no cometió ilegalidad alguna durante los 22 años que estuvo al frente de la alcaldía, sino que su gestión estuvo siempre respaldada por los distintos gobiernos municipales que presidió y por los técnicos en los que confió plenamente.

Palazón comenzó su intervención alegando la indefensión sufrida por su cliente, al menos durante la mañana en la que renunció su abogado y no quiso declarar pensando que "corría el turno" y que más adelante podría hacerlo. El tribunal, tras preguntarle ese día hasta en cinco ocasiones si quería prestar declaración con la asistencia de su letrado de entonces, José Antonio Visús, le denegó la posibilidad de hacerlo días después. Hoy, en el uso de la última palabra, Pinilla hablará por primera vez, aunque lo que diga no tendrá nunca el valor de una declaración.

Tras esta cuestión previa, el abogado dio un golpe de efecto exponiendo al tribunal que la fiscal, en su escrito definitivo, ha cambiado el relato de hechos y ha retirado el principal delito que, a su juicio, fundamenta todos los demás: la prevaricación. Destacó también que ha modificado el cohecho en el sentido que entiende que procede de un hecho injusto y no de uno delictivo, menos penado. A partir de ese momento, Santiago Palazón, intentó desmontar cada delito del que acusan a la exalcaldesa.

"Trabajadores desde jóvenes"

Especialmente llamativas fueron las explicaciones que dio sobre el origen del patrimonio de María Victoria Pinilla, que las acusaciones atribuyen a dinero de origen no justificado. El defensor lo negó y recordó que todos los miembros de la familia Pinilla empezaron a trabajar desde muy jóvenes, que contaban con bienes anteriores, que hicieron muy buenas compras y ventas de inmuebles y, sobre todo, que la acusada recibió durante años "regalos" en forma de dinero de parte del acusado Julián de Miguel, dueño de la empresa Aranade, contratada en 1997 por el Ayuntamiento para gestionar el urbanismo de La Muela.

"De Miguel fue rotundo y tajante cuando declaró que en agradecimiento a la confianza que había depositado en él se sintió obligado a tener cortesías", señaló el letrado. Estas cortesías, en concreto, fueron casi 2,9 millones de euros en metálico o pagos de coches, bienes y viajes de la familia. Admitió que esa cantidad puede resultar "escandalosa", pero matizó que en comparación del volumen de operaciones que hizo Aranade como gestor de la Sociedad Urbanística de La Muela –que cobraba un 10% por cada una de ellas– y que se convirtió en "buque insignia" de los gestores de España, no era tanto. También defendió la legalidad del pago de 1,2 millones de euros por el beneficio de las participaciones que Pinilla y su exmarido cobraron de De Miguel cuando ella, "horrorizada" se dio cuenta de que sus parcelas formaban parte de una operación del polígono industrial de La Muela. Todo ese dinero procede del patrimonio de De Miguel (que ha reconocido varios delitos) y es licito, a juicio del letrado