La fiscal cree que hay pruebas suficientes para condenar a Pinilla pese a su silencio

Los delitos de corrupción cometidos en La Muela bajo el mandato de María Victoria Pinilla "son tan viejos como la ambición, el poder y el amiguismo". Así lo cree la fiscal del caso, Victoria Esponera, quien durante más de cuatro horas desgranó ayer un contundente y bien armado informe en el que justificó la petición de condena de 35 años de prisión para la exalcaldesa, así como de los otros 35 acusados que en estos momentos se sientan en el banquillo y se enfrentan a penas que van desde la inhabilitación a los trece años de cárcel.

A la exalcaldesa la considera autora de prácticamente toda la gama de delitos de corrupción y contra la administración pública que el Código Penal recoge con la encomiable intención de garantizar el "buen uso" del poder. La fiscal enumeró el tráfico de influencias, el cohecho, la prevaricación, la malversación de caudales públicos, el fraude de subvenciones, las negociaciones prohibidas a los funcionarios, las exacciones ilegales, la falsedad, el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. Al resto de los acusados les atribuye también una buena parte de ellos, bien como autores o como cooperadores.

Victoria Esponera dedicó la primera parte de su informe a dejar claro que, a su juicio, no hay ninguna causa de nulidad en todo este procedimiento y que se han garantizado desde el principio los derechos de todos los imputados. La fiscal incidió en que la exalcaldesa no ha estado "indefensa" en ningún momento, como alega la propia Pinilla, y que cuando su abogado renunció a su defensa y a la de su familia, esta sí que nombró a otro letrado y ella no, "a pesar de que se le dio más plazo que a los demás". Recordó que se instó al Colegio de Abogados a designarle uno de oficio (que actualmente le defiende) y que ella lo rechazó para elegir otro, el cual renunció al comenzar la vista oral.

"Pero el tribunal, como no podía ser de otra manera, no aceptó su renuncia y en ningún momento estuvo desasistida", dijo Esponera. Aprovechó para subrayar que Pinilla sí conoce las acusaciones que pesan contra ella, puesto que así lo demostró en una entrevista en un programa de televisión, antes de que comenzara el juicio y acompañada por su abogado. "Otra cosa es que le interesara dilatar el proceso, pero no puede decir que haya estado indefensa", insistió. "La indefensión no es una cuestión subjetiva –añadió– y la única declaración ilegal en España es la obtenida con tortura o sin letrado. La señora Pinilla no declaró porque ejerció su derecho a no hacerlo", zanjó la fiscal a efectos de un más que probable recurso que la exalcaldesa plantee ante el Tribunal Supremo buscando la nulidad de la causa.

La sociedad urbanística

La fiscal situó el origen de todo este caso de corrupción en la creación en julio de 1997 de la Sociedad Urbanística de La Muela, cuya presidencia desempeñó Pinilla desde sus orígenes hasta 2011, salvo un breve periodo en 2006. En septiembre de aquel año, la exalcaldesa, sin ningún tipo de acuerdo previo, decidió contratar a la mercantil Aranade, al mando de Julián de Miguel, para gestionar todo el urbanismo del municipio, encargo que se prolongó hasta que se destapó la Operación Molinos en 2009.

A cambio de poner en sus manos este lucrativo negocio, el empresario hizo regalos (bien en metálico o en pago de coches, viajes, caballos y otras cuestiones) a la familia Pinilla por importe de 2.895.308 euros entre septiembre de 1998 y diciembre de 2008. De Miguel ha admitido estos hechos y ha reparado el daño, lo que le ha supuesto una reducción de la pena de 26 a 7 años de cárcel.

Tras dejar sentado que existen pruebas suficientes contra la exalcaldesa, fruto de la documentación requisada en los registros y de los informes policiales y tributarios, la fiscal apuntó que el reconocimiento de los delitos de una buena parte de los acusados le ha servido para apuntalar aún más la acusación contra ella. En especial, destacó la confesión del exmarido, los hijos y la hermana de Pinilla. Todos ellos admitieron haber tenido ingresos en efectivo de origen ilícito y haberse beneficiado de la posición de poder que ocupaba su exmujer, madre y hermana, respectivamente, como alcaldesa de La Muela.

La representante del Ministerio Público expuso que De Miguel abonó además 1,2 millones al matrimonio Embarba-Pinilla como pago de parte del beneficio obtenido por su sociedad Tudela Gestión Inmobiliaria por la venta de unas parcelas que poseía la pareja a la empresa madrileña Brocover, cuyos propietarios también han reconocido pagos a la exalcaldesa en comisiones por promesas de recalificaciones. Otros han admitido haber colaborado en el blanqueo de capitales y haber obtenido contratos a dedo saltándose las normas o falseando documentos.