Los abogados defensores de los acusados del caso de La Muela sacaron ayer toda la artillería para conseguir un buen resultado para sus clientes. Los que se han mostrado conformes con las acusaciones de la fiscal hicieron valer que han reconocido los hechos, se han arrepentido públicamente y reparado el daño para pedir al tribunal la condena más leve posible. Los que no lo han hecho y mantienen su inocencia –y se enfrentan a penas importantes de prisión–, cuestionaron las declaraciones de los anteriores y advirtieron de que tras ellas puede haber motivos ilegítimos.

"No son confesiones sino manifestaciones exculpatorias", recalcó la letrada Carmen Cifuentes, que defiende los intereses de los empresarios Modesto Barranco y Fernando Lavilla, para quienes se pide una multa y un año de inhabilitación como cooperadores en un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, delito que la abogada estima que no existe.

"Las declaraciones de un coimputado deben valorarse por el tribunal de una forma muy especial, porque pueden tener intereses espurios", señaló el abogado Enrique Esteban en nombre de Antonio Fando, a quien se le atribuyen delitos de cohecho, falsedad, malversación y fraude en las subvenciones, y que se enfrenta a diez años de cárcel.

Este defendió que su cliente –gestor de la empresa, contratada ilegalmente, según la fiscal, para gestionar el servicio de aguas de La Muela– se ha visto perjudicado por la confesión del exconcejal Juan Carlos Rodrigo Vela, quien admitió, entre otras cosas, que Fando le pagó 2.000 euros por los "servicios prestados" y que el contrato se adjudicó a dedo por orden de María Victoria Pinilla. Además de mantener que no hay ni la "más mínima prueba" de ello, Esteban subrayó que tampoco hay indicios de que lo que diga sea verdad y que lo hace para obtener un beneficio propio.

Por su parte, Alejandro Sarasa, abogado de Rodrigo Vela, pidió al tribunal que "atempere" las penas que se piden para su cliente –un total de cinco años de cárcel– y también las multas, pues además de haber tenido que pedir dinero para pagar la responsabilidad civil, se le reclaman más de 400.000 euros por fraude en las subvenciones. "Juan Carlos Rodrigo declaró de forma libre y voluntaria y pidió perdón a la sociedad. No es fácil llegar a un juicio tan mediático, ponerse delante del micrófono y confesarse culpable ante la sala", manifestó. El abogado Ricardo Orús, que defiende a Luis Mariano Montori –quien admitió haber hinchado una factura de 5.900 euros y ha aceptado 6 meses por malversación– pidió a los magistrados que sustituyan la pena de cárcel por multa, para que esa condena no quede como una "mácula" en su historial y pueda seguir trabajando. "La prisión no beneficia a nadie, la multa, sí", señaló. Expuso que su cliente no obtuvo ningún beneficio por lo que hizo y que actuó "forzado", lo que explicará cuando haga uso de su derecho a la última palabra.

También el abogado José Antonio Puyadas, Luis Tomás García Medrano, destacó la "colaboración" de su cliente –"incluso a pesar del vilipendio que le ha traído aquí", en referencia a Carmelo Aured– y admitió que su declaración ha sido también "libre" y "voluntaria" aunque no "por gusto". "Tuvo que elegir entre muerte o amputación", ilustró, y criticó que a pesar de que se llegaron a formular 45 acusaciones por delito fiscal, el único asesor acusado ha sido Puyadas.

Laura Martínez, en nombre de Domingo y José Carlos Fernández Delgado, hizo hincapié en que el último ha pagado casi un millón de euros y que el trato a recibir no puede ser igual que el del resto.

El letrado Enrique Trebolle recordó que la conformidad de su cliente, Julián de Miguel, se ha hecho con "luz y taquígrafos", que contestó a "todas" las preguntas y ha pagado 400.000 euros, lo que le ha supuesto las atenuantes de confesión y reparación del daño.

Mientras, Santiago Palazón defendió que el exconcejal Fernando Barba actuó por mandato de la alcaldía, y Jesús Abril hizo una larga intervención para defender la inocencia del secretario del Ayuntamiento, Luis Ruiz, y dijo que todo lo hizo con arreglo a sus funciones y las decisiones fueron tomadas por el pleno municipal. Rafael Ariza pidió la absolución de sus clientes, al igual que los letrados Javier Hernández García y Javier Hernández Hernández.