La Audiencia Nacional decidirá sobre el veto del Gobierno de Aragón a la duplicidad de carreras

El conflicto sobre las duplicidades entre las universidades aragonesas ha acabado en los tribunales. En concreto, en la Audiencia Nacional, que será la encargada de decidir si se le puede impedir a la San Jorge implantar las carreras que considere oportunas, aunque ya existan en los distintos campus de la Universidad de Zaragoza. Este órgano ha admitido finalmente a trámite el recurso que interpuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que, tras estudiar el asunto y elaborar un informe contrario a esta pretensión del Gobierno de Aragón, concluyó que no se ajustaba a ley.

Fue Competencia la que ayer anunció esta medida, con una nota en su página web que recuerda que el contencioso-administrativo que ahora se abre fue interpuesto el pasado 20 de enero por considerar este veto a la duplicidad contrario a la garantía de la unidad de mercado.

Desde su toma de posesión, y tras su acuerdo de investidura con Podemos, el Gobierno de Aragón ha intentado evitar que la universidad privada San Jorge pueda solicitar grados que ya oferta la pública de Zaragoza. Aunque no pudo impedir que pusiera en marcha los estudios de Magisterio, a lo que se oponía –pero ya estaba aprobado por el Ejecutivo anterior–, decidió incluir en su normativa universitaria un apartado para que esto no pudiera volver a suceder. En concreto, la orden del Departamento de Universidad que recoge la programación universitaria entre 2016 y 2019 incorporó este veto a la no duplicidad de carreras, que la Universidad San Jorge recurrió.

Fue entonces cuando la USJ pidió a Competencia que estudiara el caso. La comisión nacional concluyó entonces: "La necesidad de considerar la oferta previa de otras universidades para otorgar la autorización a las nuevas titulaciones oficiales del reclamante (…) resulta prohibido expresamente por el artículo 18.2g) de la ley de garantía de unidad de mercado".Tres requisitos en duda

El dosier de Competencia fue remitido a la Consejería de Universidad que, a pesar de conocer su contenido, siguió adelante con esta prohibición a la privada para repetir estudios. La Comisión avisó entonces al Departamento que dirige Pilar Alegría que recurriría a la Audiencia Nacional, como finalmente hizo, si no acataba su resolución. Un texto que pedía la eliminación no solo del criterio de no duplicidad, sino de dos requisitos más incluidos en la programación universitaria: el de adecuación de las nuevas enseñanzas a la "potencial demanda social" en la Comunidad y el que solicita una viabilidad económica de las nuevas enseñanzas.

Estos tres apartados de la programación universitaria 2016-2019 de la DGA podrían quedar ahora paralizados de manera cautelar hasta que resuelva la Audiencia Nacional, que podría dictar su eliminación de la normativa. Sin embargo, eso no quiere decir que la no duplicidad se elimine completamente, ya que este criterio se encuentra blindado tras su inclusión en la ley de acompañamiento a los presupuestos.

¿Qué quiere decir esto? Que el veto a nuevas carreras compartidas podría salir de la programación universitaria, que es una orden de la Consejería de Universidad, pero está también incluido en una ley, que tiene más rango que las normativas que elaboran los departamentos. A pesar de que esa ley no puede ser recurrida por la Universidad San Jorge, el letrado de las Cortes elaboró un informe que la considera "inconstitucional" y "una limitación discriminatoria entre universidades", pero el estudio fue desoído por PSOE, Podemos, CHA e IU, que la sacaron adelante.

Pese a los documentos del letrado de las Cortes y Competencia, y al recurso que esta ha presentado ante la Audiencia Nacional, el Gobierno de Aragón no se plantea dar marcha atrás. La consejera, Pilar Alegría, cuando tuvo conocimiento del contencioso-administrativo interpuesto por la Comisión Nacional, defendió la legalidad de su criterio y declaró: "Cuando las instancias judiciales se pronuncien, hablaremos".