El Colegio Profesional de Psicólogos de Aragón envió el pasado 22 de diciembre una circular a sus colegiados informándoles de que a partir de ahora será necesario el consentimiento expreso de los dos progenitores para realizar una evaluación psicológica a menores de 14 años.

Hasta ahora los profesionales que realizaban informes periciales de parte sobre menores inmersos en conflictos de familia (separación, divorcio, etc) solo estaban obligados a comunicarlo a la otra parte. Desde el 1 de enero, sin embargo, deben conseguir el consentimiento expreso de ambos si no quieren verse inmersos en un expediente disciplinario e incluso sujetos a sanciones

La medida no ha gustado a todo el mundo y este mismo viernes varios profesionales presentarán un recurso de alzada contra esta decisión ante el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.

Clemente Sánchez-Garnica, el abogado que representa a estos psicólogos disconformes, señala que las nuevas directrices del órgano colegiado aragonés exceden las del código deontológico que rige la actuación de los profesionales de la psicología a nivel nacional, ya que en otras comunidades "basta con informar". Incide, además, en que "evidentemente", en casos de conflictos graves (maltratos, abusos, etc.) el progenitor que tenga algo que perder con una evaluación psicológica del menor no la autorizará.

Desde el Colegio de Psicólogos de Aragón explican, por su parte, que la mayor parte de las quejas y denuncias que llegaban a la Comisión Deontológica versaban sobre la realización de informes a menores sin el consentimiento de ambas partes. Señalan, además, que el propio Justicia de Aragón pidió al Colegio una mayor concreción en este tema. "Hemos tratado de integrar las directrices del Derecho Foral aragonés y nuestro código deontológico para asegurar una buena praxis por parte de los profesionales y evitar que se vean afectados por denuncias", exponía este jueves Belén Civera, presidenta del Colegio.

Para Clemente Sánchez-Garnica y sus representados estos requisitos atentan contra el libre ejercicio de la profesión de los psicólogos jurídicos.

Pruebas en conflictos familiares

Estas evaluaciones o informes de parte son a menudo encargadas por los representantes legales de uno de los progenitores y usados como prueba en procesos de divorcio o separación. En los últimos dos años este tema ha supuesto un elevado número de denuncias contra los colegiados interpuestas por los abogados de la otra parte implicada en el conflicto familiar. Cada uno de los psicólogos que participan en el recurso de alzada contra la medida reconocen haber sido denunciados ante el Colegio de Psicólogos en más de cinco ocasiones.

Felipe Mateo Bueno es uno de los abogados más beligerantes en este sentido y asegura que hasta ahora algunos profesionales "ni siquiera informaban al otro progenitor" de que tal informe se estaba realizando. Su bufete ha presentado más de una docena de denuncias en este sentido contra "un puñado" de psicólogos peritos. "He tenido casos en los que mi cliente se enteraba en el propio juicio de que la otra parte aportaba un informe psicológico porque un profesional había estado viendo a su hijo".

Los psicólogos enfrentados a esta decisión del Colegio aseguran que "siempre excepto en casos graves" han informado a ambos padres tal y como exigía hasta ahora la comisión deontológica del órgano aragonés. Aseguran, además, haber constatado "una tendencia creciente por parte de los abogados a denunciar a los psicólogos para desacreditar el contenido de sus evaluaciones".