Cada vez van a ser menos los ciudadanos que tengan derecho a la justicia gratuita. De hecho, abogados y procuradores temen que el tijeretazo de la DGA en esta partida haga rechazar más de 5.000 solicitudes al año en Aragón. Porque el Ejecutivo ha presupuestado tan solo 2,7 millones de euros para cubrir la asistencia letrada a personas sin recursos y el turno de oficio en 2016. Para este mismo concepto, el año anterior se destinaron 5,1 millones, lo que confirma que el recorte será del 40%. De ahí que los profesionales de la abogacía estén movilizándose para frenar una decisión que creen perjudicial para todos, ya que el acceso a la justicia gratuita es un derecho constitucional.

El colectivo entiende, además, que este recorte supondrá un tremendo varapalo para los abogados de oficio, que son quienes prestan este servicio 24 horas al día, 365 días al año, en todos los órdenes jurisdiccionales y por una retribución, según han calculado, de unos dos euros la hora, siempre que se la paguen, algo que no sucede en todos los casos. De ahí que en los próximos días vayan a celebrar reuniones para analizar la situación y plantear posibles medidas de presión.

La directora general de Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, María Ángeles Júlvez, niega que se vaya a producir recorte alguno y considera que es un debate totalmente "artificial". "En ningún momento se ha pensado en recortar un 40% la cuantía, bajo ningún concepto se va a rebajar lo que perciben los abogados y no se va a dejar de pagar ninguna asistencia", dice. Admite que la cantidad presupuestada este año es de 2,7 millones, pero asegura que "todo lo que exceda" de esa cifra se sacará de una partida "transversal".

Júlvez explicó que están manteniendo reuniones con los colectivos implicados para tratar sobre los baremos y mejorar algunos que, a su juicio, están infravalorados, como el pago a procuradores y las guardias semanales que los abogados del turno hacen en los partidos judiciales de los pueblos.

Los abogados recelan de estas explicaciones y piensan que, aprovechando el cambio introducido por el Gobierno central en la composición de las comisiones que valoran quién tiene o no derecho a recibir justicia gratuita, la DGA va a reducir considerablemente el número de beneficiarios. De hecho, consideran que ya lo hace.

El abogado Ramón Campos, presidente del Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Zaragoza, explica que hasta julio de 2015 esa comisión estaba compuesta por dos miembros de la DGA, un abogado, un procurador y un fiscal. Esto suponía que, en caso de diferencias de criterio sobre un expediente, solía ser el fiscal quien desempataba aportando un criterio más sensible y social. Desde esa fecha, el fiscal ha sido eliminado y, en caso de empate, el voto de calidad lo tiene la presidencia de la comisión, a cargo de la DGA.

El papeleo, un problema

Esta comisión se reúne cada 15 días y trata entre 600 y 700 expedientes por sesión. Actualmente, se rechazan unos 180 por distintos motivos, el principal, que el justiciable no aporta la documentación requerida. Esto es algo muy común pues cuando estas personas viven en un ambiente de marginalidad, lo que es frecuente, les es difícil aportar los datos fiscales o justificar los requisitos que se exigen. El resultado de todo esto es que el abogado les presta la asistencia jurídica que requieren, tanto en comisaría, como en el juzgado y luego en el juicio, pero él no cobra el servicio porque el cliente no ha justificado su derecho.

El clamor es unánime. "No tiene buena pinta. Si se aprueba una partida presupuestaria de un 40% menos, cuando la administración sabe con un grado de probabilidad muy alto cuántos asuntos va a tener en 2016 por las estadísticas de los últimos años y sabe al céntimo cuánto paga por cada uno, que me digan de dónde lo van a quitar", comenta el decano del Colegio de Abogados de Huesca, Ángel García Bernués. Cree que hay dos opciones: que se les recorte el baremo o que se denieguen más solicitudes de justicia gratuita. "Pero de algún sitio tiene que salir el recorte", asegura. No obstante, quiere esperar a ver cuál es la respuesta que les da mañana la DGA antes de reunirse con los compañeros para estudiar la situación. "A ver qué se puede hacer. Pero que nadie espere que los abogados vayamos a cometer una ilegalidad. Obviamente, el detenido que está privado de libertad o la mujer que es víctima de violencia de género pueden estar bien tranquilos, que los abogados cumpliremos nuestro compromiso porque ellos no tienen la culpa de esto ni se lo merecen", concluye.

La Junta del Colegio de Abogados de Teruel no descarta tampoco movilizaciones. Sin embargo, el decano Manuel Gómez Palmeiro confía en que al final se encontrarán "puntos de coincidencia" con la DGA. Asegura que las negociaciones se van a centrar en lograr "un servicio más eficiente con el mismo coste". "Se trataría de ahorrar en aquellas parcelas menos necesarias y destinar el dinero a la prestación que resulte imprescindible", dice. El decano cree que reducir el precio que paga la DGA a los abogados del turno de oficio por asistencia sería "desastroso, pues ya es muy bajo". "Podría obligarnos a renunciar a prestar el servicio", agrega.

En parecidos términos se manifestó el tesorero de la junta del colegio turolense, Miguel Redón: "A muchos abogados podría no compensarles, lo que obligaría a recurrir a una lista de forzosos, lo que sería injusto".