"Lo más grave, señoría, es que aprueben un crédito para pagarnos y se lo fundan"

Hubo un tiempo en que el Ayuntamiento de La Muela era una buena plaza para cobrar; el dinero entraba a raudales aunque también salía de la misma manera, como se está viendo en el juicio que se celebra desde el pasado 12 de enero en la Ciudad de la Justicia. Pero la Operación Molinos, que se destapó en 2009, truncó la racha y la crisis económica remató la faena. Desde entonces, el consistorio ha bordeado la quiebra en varias ocasiones y son innumerables las reclamaciones, demandas y sentencias condenatorias que ha recibido y a las que no puede hacer frente.

El empresario catalán Fernando Tortajada García expuso ayer al tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial las dificultades que ha tenido y tiene para cobrar 400.000 euros que le adeuda el consistorio desde 2006. "Lo malo, señoría, es que en 2010 se aprobó en un pleno un crédito extraordinario para pagarnos y van y se lo funden", dijo. "Quizás por eso y por cosas como esa estemos aquí", le respondió el presidente del tribunal, Javier Cantero.

Francisco Tortajada, que tiene una relación familiar con el acusado Carlos Martín Rafecas (sus respectivas esposas son primas segundas), fue citado para explicar qué tipo de mediación solicitó al exsubdirector provincial de Urbanismo del Gobierno de Aragón para cobrar la compensación de aproximadamente 600.000 euros que tenía que pagar el consistorio a su empresa por un exceso de cesión de suelo en una promoción que hizo en La Muela. Esta es una obligación que recoge la legislación aragonesa y, además de Tortajada, hay otros dos constructores en su misma situación.

"La única consulta que hice a Carlos fue preguntarle si habíamos hecho bien las cosas y a qué organismo teníamos que dirigirnos para cobrar", declaró. Añadió que el Ayuntamiento ha estado dándoles largas durante años y que aunque han logrado cobrar 200.000 euros, aún tienen pendientes otros 400.000, reconocidos por los tribunales.

La Fiscalía puso en el punto de mira a Carlos Martín después de que la Policía interceptara una llamada entre la exalcaldesa María Victoria Pinilla y el exarquitecto municipal, Francisco Núñez, en la que este le recuerda que tiene que llevar al pleno el pago de la compensación a los familiares de Martín y ella le responde que sí y que hable con él y lo deje "contento" para que la comisión de urbanismo aprobara el SR-1, un plan en el que Pinilla y la sociedad madrileña Brocover estaban muy interesados en que saliese adelante y ya había sido rechazado.

Lo cierto es que el convenio para pagar a la empresa de Tortajada y de dos empresarios más se firmó en 2008 pero no se les abonaron las cantidades. Lo mismo declaró Javier de Luis, empresario al que se le adeudan 400.000 euros. "En el acuerdo se estableció que se pagaría cuando la disponibilidad presupuestaria lo permitiera. A fecha de hoy no hemos cobrado ni creo que cobremos", declaró.

Informe a Intecsa-Inarsa

Durante la sesión de ayer declararon el ingeniero de Intecsa-Inarsa José Manuel Almarza y la abogada de la misma empresa Olga Utrilla Royo. La fiscal les interrogó sobre los informes que el exarquitecto municipal de La Muela, Francisco Núñez, les encargó para que justificaran la legalidad de que el Ayuntamiento pudiera seguir adelante con la delimitación de los terrenos del SR-1, 2 y 3 y con el Plan Parcial, pese a que el informe de la comisión de urbanismo de la DGA había sido desfavorable. "Yo era el responsable técnico y se trataba de informar al Consistorio si era viable o no seguir con el proyecto", señalo.

A preguntas del ponente de la sentencia, Francisco Picazo, el ingeniero explicó que ese trabajo se lo facturaron al acusado Francisco Núñez de manera particular y sin tener que ver nada con el Ayuntamiento. En su día, Núñez declaró que el Consistorio le encargó el plan y él pidió la colaboración de Intecsa-Inarsa.