Los partidos aragoneses discrepan sobre la protesta en Amposta

Podemos señala que el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro facilita "la venta del agua" y el PP cree que "no tiene sentido" que representantes políticos de Aragón se manifiesten.

La manifestación contra el plan del Ebro, ayer en Amposta.
La manifestación contra el plan del Ebro, en Amposta.
J. Sellart/Efe

Los partidos aragoneses reaccionaron de diferente manera ante la manifestación contra el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (PHCE) que reunió este domingo a miles de personas en Amposta y que contó con representantes de CHA y de Podemos Aragón.


El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Javier Sada, considera que el PHCE combina "perfectamente" el respeto ecológico de las aguas del río con el necesario uso de esas aguas.


Este plan, ha agregado, es una adaptación del que se aprobó en 2013 hasta 2015 tras un "amplísimo proceso de participación y consenso" y donde se fijaba un caudal ecológico que "no se ha modificado para nada".


Ha mostrado su sorpresa por el rechazo de Cataluña, porque éste incluye un caudal ecológico "sensiblemente mayor" al que la comunidad catalana ya había aceptado hace unos años.


También ha recordado que el Ebro es un río mediterráneo y que el caudal aprobado ahora no sería posible muchas veces sin la existencia del pantano de Mequinenza. "Hay que mantener un caudal suficiente, y este lo es", ha asegurado.


Y la "obligación" desde Aragón, ha agregado, es defender la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos que incluye para usos presentes y futuros de Aragón su Estatuto de Autonomía y que "se refleja" en este PHCE.


Al PSOE, ha añadido, le preocupan lo mismo quienes "exageran" el caudal como quienes no quieren tener en cuenta esa reserva hídrica.


Por otro lado, ha restado importancia a la participación de CHA -socio de los socialistas en el Gobierno de Aragón- en la manifestación, porque el acuerdo de gobernabilidad entre ambos "para nada hace referencia" al asunto hidráulico y, por eso, "no se rompe nada", ha zanjado. 


Distinta opinión tenía el diputado del PP en las Cortes aragonesas Ramón Celma, que ha afirmado este lunes que "no tiene ningún sentido que representantes políticos de Aragón estuviesen en la manifestación".


En rueda de prensa, ha asegurado que no tiene "ninguna duda" de que el plan cumple la normativa europea y ha recordado que fue sometido a un periodo de información pública y al plan estratégico de medidas medioambientales, para opinar que "lo preocupante" es que "en la cabeza" de esa movilización estuvieran "los socios del PSOE" en Aragón y el diputado de Podemos al Congreso por Zaragoza, Pedro Arrojo.


A su entender, que los "socios actuales" del PSOE en la Comunidad, CHA y Podemos, y "los supuestos socios" del PSOE en el Gobierno de España "se pongan a la cabeza de esa manifestación", convocada por la Plataforma en Defensa del Ebro, "demuestra que lo que más conviene a nuestro país es un pacto entre PP, Ciudadanos y PSOE".


Esa sería "la única forma de garantizar que los temas de interés general se defiendan desde la neutralidad y pensando en la igualdad de todos los españoles", ha dicho, refiriéndose al proceso que vive España de formación de un Gobierno tras las elecciones generales, sin que ningún partido cuente con la mayoría suficiente por sí solo para afrontarlo.


Celma ha subrayado que el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro "se ha aprobado con una amplia mayoría", "respeta los caudales mínimos" y las inversiones.


Ha añadido que en el proceso de información pública se han incorporado 36 alegaciones y se ha aprobado "en tiempo y forma", lo que va a permitir obtener fondos de la Unión Europea, "que superan los 2.500 millones de euros".Equilibrio

El diputado del PP en las Cortes de Aragón ha recalcado que el plan "mantiene un equilibro sustancial entre los cuidados medioambientales y las demandas de los regantes y los usuarios", que "es lo que tenemos que buscar, si queremos generar prosperidad y riqueza" en las Comunidades que forman parte de la cuenca y "tenemos una responsabilidad con el medio ambiente" y con su "cuidado equilibrado".


Celma ha incidido en que el documento "incluye avances" respecto a anteriores planes, entre otros, en materia de caracterización, identificación y diferenciación de todas las masas de agua; con el incremento de caudales mínimos en 11 puntos, llegando a un total 52, así como con medidas orientadas a la consecución de los objetivos ambientales, ha citado.


Por todo esto, ha esgrimido que "no hay ninguna razón para mostrarse contrario al plan", un documento "transcendental" para usuarios y demandantes", respecto al que PSOE y PP "se han mostrado a favor", para plantear que "si este plan no se hubiese hecho pensando en el interés general de todos los usuarios, habría sido aprobado por una amplia mayoría en el Consejo del Agua".Reserva hídrica


La diputada del PAR en las Cortes María Herrero ha exigido la defensa de la reserva hídrica para Aragón fijada en 6.550 hectómetros cúbicos e incluida en el Estatuto de Autonomía de la comunidad.


Ha recordado que a Cataluña y Aragón les une el rechazo a un hipotético trasvase, pero la comunidad vecina están en contra de la citada reserva hídrica, algo "totalmente contrario" a los intereses de los aragoneses.


Y ha insistido en que el Tribunal Supremo ha avalado como "perfectamente legal" la inclusión de esta reserva en el Estatuto de Autonomía aragonés al rechazar los recursos presentados contra ella.


En Aragón, ha recordado, se ha hecho un "esfuerzo considerable" para que haya un consenso "muy importante" en materia hidráulica, y eso es algo que, a su juicio, "no debe romperse".Podemos rechaza la privatización del agua

Por su parte, Podemos en Aragón rechaza el PHCE porque éste no garantiza una gestión integral del agua y, además, su "único objetivo" es "la venta del agua" y la privatización de los servicios de abastecimiento y saneamiento, e incluso de la construcción de infraestructuras.


La diputada Marta de Santos ha explicado a los medios de comunicación que Podemos Aragón participó en la manifestación contra este plan porque es "el mismo" que propusieron José María Aznar y Miguel Arias Cañete, "pero con otro envoltorio".


Ha añadido que lo que habría que hacer sería estudiar los "recursos disponibles" y su calidad y, a partir de ahí, decidir a qué se destinan y no al revés, como plantea a su juicio el plan de cuenca.


Por su parte, el diputado Nacho Escartín ha insistido en que el agua se debe considerar como un "derecho humano" y no como un objeto "mercantilizable".


Podemos, ha agregado, defiende la unidad frente al trasvase del Ebro y que los agricultores puedan disponer de agua para regar de forma sostenible, incidiendo en la modernización de los regadíos y no en los derechos sobre el agua que, a su juicio, deja abiertos el PHCE.


Escartín ha estimado que en Aragón hace falta "consenso" para defender el río Ebro, y que "no valen" los pactos del pasado, sino que es necesario apostar por una nueva cultura del agua como alternativa. C's pide un debate de razones y no de pasiones

El diputado de Ciudadanos en las Cortes Jesús Sansó, ha pedido que el debate se lleve a cabo con "argumentaciones" y no con "pasiones", y ha abogado por esperar al informe que al respecto prepara la Comisión Europea.


Ha recordado que la Comisión Europea está elaborando un dictámen técnico con respecto al plan y que éste se presentará el 22 de marzo.


Sansó considera "oportuno" dejar a la CE que elabore este informe, que en él se expresen las deficiencias que se puedan encontrar y a partir de ahí se puedan estudiar "una a una" las observaciones y medidas correctoras propuestas al plan.


Como primer objetivo, ha agregado, el PHCE debe garantizar la sostenibilidad ambiental de la cuenta para, después, permitir los usos futuros del agua en todos los ámbitos, tanto urbanos como agrarios.


Ha recordado que Ciudadanos votó a favor de este PHCE en el Consejo del Agua de Aragón, aunque ha reconocido que puede ser "enmendable", en función del dictámen de la Comisión Europea. 


Por otro lado, la diputada de IU en las Cortes, Patricia Luquin, ha lamentado que sea un gobierno en funciones el que haya aprobado el nuevo Plan, porque la planificación hidrológica tiene la "enjundia suficiente" como para que esto no sea así.


Luquin ha asegurado, en declaraciones a los medios, que se tiene que reabrir "un debate profundo" sobre la política y gestión del agua y comprobar si se cumplen o no las directivas marco de la Unión Europea al respecto.


Luquin ha insistido en que IU "no va a entrar en una guerra de territorios" porque el agua "supera" este concepto.


La coalición, ha asegurado, habla en términos ecológicos, de prevenir la contaminación y garantizar el caudal del Delta, y también de evitar "la posible privatización del agua".


A su juicio, el nuevo plan no se ajusta a las directivas marco ni a las necesidades sociales. 


Por último, el portavoz de CHA en las Cortes, Gregorio Briz, ha asegurado que el Plan Hidrológico incluye una privatización encubierta del agua y, además, incumple las premisas marcadas por la directiva marco del agua de la Unión Europea.


Esas son algunas de las premisas que han llevado a Chunta Aragonesista a rechazar el plan y a participar en la manifestación.


Briz ha recordado que su partido ya se opuso al plan de cuenca promulgado en 2013 y que, en coherencia con aquella posición, hoy mantienen el rechazo, porque el actual sigue sin cumplir los objetivos medioambientales de la directiva, ha explicado.


El PP, ha agregado, ha dejado pasar "una gran oportunidad" de elaborar un nuevo PHCE que tuviera en cuenta la nueva política del agua, con planteamientos fiables en lugar de continuar "con embalses y trasvases".


Ha indicado, en este sentido, que CHA sigue mostrándose en contra de grandes infraestructuras, como Biscarrués o Yesa, y ha reconocido que en eso no coinciden con su socio en el gobierno aragonés, el PSOE.


Pero también ha incidido en que en el documento con 50 medidas que suscribieron para llegar al pacto de gobierno no aparece nada referido a la política hidráulica.


Y por eso, aunque hay cosas en las que ambos partidos no coinciden, Briz no cree que haya un "conflicto de gobernabilidad" por este asunto. 

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