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En busca del mejor sistema para proteger al ciudadano

Más de 250 profesores participan en un congreso nacional sobre las garantías jurídicas frente a las administraciones.

Los asistentes al congreso de Derecho Administrativo, ayer, en el Aula Magna del Paraninfo.
Los asistentes al congreso de Derecho Administrativo, ayer, en el Aula Magna del Paraninfo.
Guillermo Mestre

El Aula Magna del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza es desde ayer escenario del XI Congreso Nacional de la Asociación de Profesores de Derecho Administrativo, donde se aborda "en qué medida se debe reactualizar el sistema de control de la actuación administrativa para que los ciudadanos puedan tener mecanismos rápidos y eficaces para proteger sus derechos sin tener que recurrir a los jueces", explicó José María Gimeno Feliú, catedrático de la Universidad de Zaragoza y miembro del comité organizador.

Gimeno Feliú aclaró que la vía judicial es perfectamente válida, pero tiene "unos plazos largos y unos costes a veces poco asumibles", y señaló que, por otra parte, que haya otras vías adecuadas de recurso ante la administración "da confianza" al ciudadano.

Más de 250 participantes españoles y extranjeros asisten a este congreso, que será clausurado hoy con ponencias sobre el sistema español, después de que ayer se presentasen ­dos relativas a los modelos inglés y francés. El profesor Agustín García Ureta explicó que en el Reino Unido se ha aplicado sobre todo "un criterio más práctico que dogmático" y se ha buscado que los órganos que atienden los recursos presentados por los ciudadanos sean "independientes".

Así, los miembros de estos órganos no pueden ser designados por la propia administración, y se abre además la puerta a que no solo haya juristas, sino también personas sin formación en Derecho pero con conocimientos técnicos del sector al que afecta el recurso, lo que favorece la especialización en pro de una mayor eficacia en la tramitación de las reclamaciones. Además, García Ureta apuntó que estos órganos "resuelven muchos más casos que los tribunales de justicia" y les quitan carga de trabajo.

La profesora Dolors Canals, por su parte, analizó el sistema francés e incidió en la utilidad de los recursos administrativos como "garantía de los derechos de los ciudadanos" y también "de autocontrol de la administración". Por otra parte, criticó que en España "las administraciones tienen un mal hábito, que es recurrir de forma habitual al silencio administrativo" en lugar de dar una resolución expresa.

Gimeno Feliú aludió a otro problema en nuestro país: que "existe la presunción de que la actuación administrativa es correcta, con lo cual se puede empezar a hacer algo ilegal porque se supone que en principio es legal, lo que ha favorecido corruptelas y malas prácticas". Subrayó que "la parte más débil es siempre el ciudadano y la administración no puede aprovecharse de sus prerrogativas", por eso debe haber órganos "que tengan auctoritas, con criterio y que sean independientes".

Otras ponencias del congreso analizaron también el funcionamiento de la vía económico-administrativa para conflictos relacionados con los tributos (el profesor Juli Ponce), el recurso administrativo especial y su eficacia para corregir irregularidades en contratación pública (la profesora Patricia Valcárcel), el Consejo de la Transparencia estatal (del que el profesor Isaac Martín señaló diversos problemas, entre ellos "la falta de fuerza ejecutiva de sus resoluciones") y los recursos relativos a la unidad del mercado interior (expuestos por la profesora Isabel González).

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