La aprobación por parte de la Comisión de Ordenación del Territorio de dos de los proyectos que la exalcaldesa María Victoria Pinilla tenía especial interés en desatascar centró la sesión de ayer del juicio de La Muela. Conforme al guión previsto, todos los testigos negaron "presiones, órdenes o indicaciones" para dar luz verde estos planes. Sin embargo, algunos silencios y ciertas respuestas contribuyeron más a sembrar dudas que a despejarlas. Porque la que fuera secretaria de esta comisión, Eva Salas, admitió que de alguna manera se vio forzada a dar prioridad a uno de los proyectos ahora bajo sospecha: en concreto, la sexta fase del polígono Centrovía. ¿Por qué? "Porque las auxiliares de mi oficina me dijeron que desde la dirección de Urbanismo habían ordenado que así fuera", manifestó la testigo.

Desafortunadamente, las explicaciones de Eva Salas se produjeron después de que su entonces superiora y presidenta de la Comisión de Ordenación del Territorio entre 2007 y 2009, Nuria Mas, hubiera declarado. Ello impidió preguntar directamente a esta si realmente había dado la orden de ‘colar’ el asunto de Pinilla y si lo había por hecho por algún motivo en especial.

La fiscal Victoria Esponera preguntó directamente a Nuria Mas si algún mandatario del Gobierno aragonés –presidente, vicepresidente, consejeros, etc...– le dio indicaciones en aquellas fechas –entre los meses de junio y diciembre de 2008– sobre cómo debían tratarse los asuntos de La Muela. La exdirectora de Urbanismo respondió que no. Pero el prolongado titubeo previo y el hecho de que en alguna grabación telefónica Pinilla hablara de la necesidad de contactar con altos cargos para llevar a buen puerto sus planes hicieron que la representante del ministerio fiscal volviera a preguntar: "¿Está usted segura de que no hubo presiones?", insistió. A lo que Mas contestó esta vez de otra manera: "A mí siempre me dijeron que los expedientes debían llegar limpios.Que hiciera lo que tuviera que hacer, pero que jurídicamente todo estuviera limpio".

Lo cierto es que Victoria Pinilla se salió por dos veces con la suya, ya que consiguió que la Comisión de Ordenación del Territorio desatascara tanto el plan parcial del denominado SR1 –donde ella y su marido tenían un interés especial, puesto que a través de la sociedad Tudela de Gestión eran propietarios de una finca que pudo recalificarse y por la que Julián de Miguel les dio 1,7 millones de euros– como la sexta fase del polígono Centrovía. La gran beneficiada del desbloqueo de esta última delimitación iba a ser la empresa Sagaín, ya que le iba a permitir urbanizar los terrenos que había comprado. Sin embargo, la crisis económica y la Operación Molinos desbarataron los planes de sus propietarios y nada se ha hecho hasta la fecha con aquellos suelos.