La actividad de los intermediarios inmobiliarios, sobre todo de los que delinquen defraudando a Hacienda, no sería nada sin los testaferros. Ejemplos de estos hombres de paja que ponen su nombre para crear sociedades fantasma, emitir facturas falsas y ser meros correos de las fortunas que se embolsan otros hay varios en el juicio del caso de La Muela.

Uno es el de Félix Latorre Serrano. Desgraciadamente, esta persona falleció en el transcurso de la instrucción de la causa, que se inició en 2008. Llegó a estar imputado por fraude fiscal y un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Él fue uno de los socios fundadores de PVL Viviendas de España S. L., una empresa que la Agencia Tributaria considera que es una pantalla para ocultar ingresos ilícitos e intentar blanquear dinero negro.

Otro es Miguel Ángel Horta, otro de los acusados en este caso, que cumple una condena de dos años y cuatro meses de prisión como cooperador necesario en dos delitos de contra la Hacienda Pública cometidos por Carmelo Aured. También fue socio de PVL, empresa que no tuvo ninguna actividad hasta que en 2004 ingresó en su cuenta 600.000 euros procedentes de la constructora vasca Sagain. En septiembre de 2004 Horta cobró dos millones en efectivo a través de ventanilla en la sucursal de Cajalón del Coso de Zaragoza, dinero que la fiscal mantiene que era para Aured.

Durante la sesión de ayer desfilaron ante el tribunal de la Sección Primera varios empresarios que en su día fueron llamados por los inspectores de Hacienda para que les explicaran el origen de unas facturas de sus sociedades que había presentado Félix Latorre para desgravárselas en sus impuestos. Todos, salvo uno, coincidieron al afirmar que no conocían a Latorre de nada, que nunca habían hecho trabajos para él y que las firmas de las facturas no eran las suyas. De hecho, las pruebas periciales caligráficas que se llevaron a cabo durante la instrucción del procedimiento demostraron que realmente las rúbricas no eran suyas.

El que sí que admitió conocer a Latorre explicó que solo habló con él por teléfono, que le pidió unos trabajos de vallado que no llegó a terminar y que cuando le hizo una factura por ellos desapareció y ya no supo más de él. También compareció en la causa el asesor fiscal de Manuel Boned Aína, un empresario fallecido en 2012 y que estuvo imputado a raíz de la venta de una finca de La Muela a Félix Latorre y este a la empresa Nuevos Hogares por 1.113.000 euros. Este declaró que Boned le contó que un día le preguntó a la exalcaldesa María Victoria Pinilla por su terreno y esta le dijo que era suelo rústico. Aunque poco después apareció Latorre y se interesó por ese suelo.