Cajalón no detectó que en la oficina de La Muela se podía estar blanqueando dinero

Una buena parte del dinero que se movió durante los años del auge urbanístico en La Muela se gestionó a través de Cajalón. La pequeña sucursal de pronto se hizo grande, hubo necesidad de ampliar plantilla y en poco tiempo pasaron por sus ventanillas unos 18 millones de euros. Alberto Lozano, que dirigió la oficina hasta que se destapó la operación Molinos en 2009, está acusado de ayudar a la familia Embarba-Pinilla a blanquear el dinero de sus negocios ilícitos y se enfrenta a dos años de prisión. En su declaración, efectuada la hace dos semanas, el exdirector dijo que él cumplió siempre con las normas que exigía el Banco de España para prevenir el blanqueo de capitales y que facilitó a la oficina de control de Cajalón los datos de las operaciones que le parecían sospechosas, bien porque se fraccionaban en cantidades de 3.000 euros o superaban los 30.000 euros.

Esa ha sido siempre su línea de defensa, a cargo del letrado Enrique Esteban, quien se empleó a fondo con los cinco empleados de Cajalón que ayer declararon como testigos. Sobre todo, porque todos eludieron cualquier responsabilidad en el supuesto blanqueo de dinero que hizo la familia de la exalcaldesa, María Victoria Pinilla, a través de la sucursal de La Muela. En el caso de los responsables de áreas legales o de control interno de la entidad, porque afirmaron que desde la oficina no les advirtieron de ningún movimiento sospechoso. Y en el de los empleados de la oficina y subordinados de Alberto Lozano, porque atribuyeron a este la decisión última de autorizar el fraccionamiento de ingresos.

Así ocurrió con el efectuado el 29 de junio de 2006 en la cuenta de Pinilla y de su marido, Juan Antonio Embarba. Ese día se metieron 53.000 euros en 18 ingresos sucesivos, (17 de 3.000 euros y uno de 2.000). Este es solo un ejemplo, pues la Policía encontró bastantes operaciones similares llevadas a cabo por los hijos de la exalcaldesa: en la cuenta de Víctor y su mujer Olga se ingresaron, solo entre octubre y noviembre de 2006, 77.000 euros, todos fraccionados en 3.000 para no hacer saltar las alertas del Banco de España.

Pero tampoco saltaron las alarmas cuando se retiraron dos millones de euros en billetes de 500 de la sucursal del Coso de Zaragoza, a través de un cheque al portador presentado por PVL Viviendas (mercantil que no tenía actividad) y que, tal y como mantiene la fiscal, era un pago a través de un testaferro para Carmelo Aured, por el que luego este no tributó.

"Nada raro"

Según declaró el lunes el gestor José Antonio Puyadas, esa operación puso muy nervioso al director de la oficina del Coso. Pero ayer, Luis García, responsable del Órgano de Control Interno de Cajalón, ahora jubilado, dijo que la analizaron y no vieron "nada raro". "Fue cuando Hacienda nos reclamó informes de ese pago de dos millones cuando pensamos que podía ser delito", dijo.

Como él, sus excompañeros explicaron que la entidad no fue consciente de posibles irregularidades hasta que Hacienda se lo comentó. La secretaria general entre 2004 y 2008, Carmen Bartolomé, afirmó que no tuvieron conocimiento de ninguna operación "en negro" por parte de los Pinilla.  Pascual Lafuente, encargado de asuntos legales, expuso que cuando se aceptaban ingresos fraccionados era por decisión del que "estaba en la caja" y que él no conoció el pago en ventanilla de dos millones hasta que se lo dijo la Policía.

Por su parte, tanto Antonio Peinado como Concepción Ordovás, subdirectores cuando Lozano estaba a cargo de la sucursal, señalaron que aceptaron los pagos de la familia Pinilla porque su jefe les dijo que eran clientes "conocidos" y con actividades empresariales que justificaban el manejo de ese dinero. Ordovás admitió que pudieron darse ingresos sin la firma del que llevaba el dinero por cuestiones tales como tener prisa por tener el coche mal aparcado.