La dirección nacional de Ciudadanos ha suspendido de militancia a los cerca de 30 críticos que impugnaron las elecciones internas de las agrupaciones de Zaragoza, a los que acusa ahora de "pretender dañar" la imagen del partido, infringir los estatutos y crear una situación de "alerta e incertidumbres al resto de afiliados y simpatizantes". El comité ejecutivo lo argumenta con una serie de pantallazos de un grupo privado de Whatsapp en la que participaban todos ellos y en la que se vertieron críticas a cargos del partido.

Los afectados aseguraron ayer a este diario que recurrir a mensajes telefónicos privados supone una vulneración de derechos fundamentales y que, por ello, están estudiando con abogados emprender acciones legales por la vía penal. "Se ha podido incurrir en responsabilidades por utilizar conversaciones privadas porque se ha violado el derecho a la privacidad y el de libertad de expresión", añadió uno de los expedientados, quien subrayó que no puede admitirse la acusación cuando se basa en mensajes privados.

En este sentido, incidieron en que "no se sostiene" que el partido diga que se quiso dañar su imagen cuando el grupo de Whatsapp , denominado ‘el club de la lucha’, era de acceso restringido y solo estuvo operativo unas horas. De hecho, los críticos abrieron después otro del que no se reproduce ningún mensaje en los expedientes abiertos por una falta "muy grave". "Casualmente, los que impugnamos las elecciones a las asambleas locales de Zaragoza somos expedientados. Es una venganza", señalaron antes de recordar que el partido ni siquiera ha contestado a sus denuncias sobre "irregularidades" en las elecciones internas.

Los expedientes recogen "expresiones peyorativas" vertidas contra el subdelegado territorial de Aragón, Jesús Lorda, y contra el propio partido por "concentrar" cargos en la delegación territorial, además de incluir mensajes relativos a la necesidad de movilizarse.

A juicio del comité ejecutivo, la conducta demostrada por el grupo de afiliados críticos a través de esa cuenta de Whatsapp es "un claro ejemplo de un grave menoscabo de la imagen del partido, con la única intención, con artimañas, de crear una situación o corriente con intenciones que conculcan las mínimas obligaciones que se requiere a cualquier miembro de una organización política".

Los expedientados, a los que el partido les comunicó su decisión el pasado martes, tienen ahora diez días hábiles para presentar alegaciones. De confirmarse el proceso, podrían acabar con dos años de suspensión de militancia, la pérdida de cualquier cargo orgánico, la inhabilitación para desempeñar cualquier responsabilidad durante un año o, directamente, la expulsión.

Fuentes de Ciudadanos señalaron que varios dirigentes del partido en Aragón presionaron para acelerar el expediente, aunque la hasta ahora delegada territorial, Susana Gaspar, y la propia dirección nacional quisieron demorarlo hasta después de las elecciones generales. Gaspar señaló que las medidas se han adoptado a raíz de una denuncia de un integrante del grupo de Whatsapp, que inicialmente puso en conocimiento los hechos a la cúpula del partido en Aragón. "Le remitimos al comité de garantías. Supongo que en febrero estará todo resuelto", dijo.