Los partidos dejaron ayer prácticamente cerrado un acuerdo para que las Cortes refuercen su control sobre la gestión presupuestaria del Ejecutivo PSOE-CHA. Entre otras medidas, pactaron que, con la condición de reunir la mitad de los diputados de la Cámara, se puedan someter a debate y votación las modificaciones presupuestarias de más de 100.000 euros o los gastos plurianuales de más de 500.000.

Este fue uno de los asuntos abordados en la ponencia que estudia los presupuestos de 2016 y está previsto que hoy se concrete el acuerdo. La propuesta partía de enmiendas de Podemos y Ciudadanos, que pretendían reforzar la transparencia y el control del Parlamento sobre la gestión de la DGA. En la actualidad, las modificaciones se remiten a las Cortes a mes vencido y se publican en el Boletín Oficial de la Cámara, pero solo a título informativo, sin capacidad de que el Parlamento frene un expediente.

A la espera de que hoy se vote el texto definitivo, hay consenso en elevar las exigencias para someter a votación este tipo de iniciativas: se pasa de un quinto de los diputados, que era lo que pedía Podemos, a la mitad. Se evita así que la formación morada, cuyos 14 diputados suponen la quinta parte de la Cámara, pudiera por sí sola forzar los debates.

Según el borrador del acuerdo, el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, deberá enviar a las Cortes los expedientes de modificación de créditos superiores a 100.000 euros, salvo los relacionados con fondos europeos o procedentes de otras administraciones públicas con carácter finalista. También informará de los gastos plurianuales superiores a 500.000 euros y de las encomiendas o contrataciones de más de 100.000. Afecta al otorgamiento de avales o garantías que estén por encima de esa cantidad. Este mecanismo de control se aplica a las operaciones de deuda de más de 50 millones, salvo las vinculadas a los mecanismos de liquidez autonómica o a los créditos de tesorería.

Los grupos con representación en la Cámara, una vez recibida la documentación, dispondrán de siete días para activar el mecanismo de control, para el que, si no hay cambios hoy, será necesario que lo pidan al menos la mitad de los diputados.Si los parlamentarios no se pronuncian, se darán por aprobados, pero si hay mayoría, se convocará de urgencia la comisión de Hacienda y se suspenderá la gestión del expediente, excepto si hay afecciones graves al normal funcionamiento de los servicios. El consejero deberá comparecer ante la comisión para defender la propuesta, que someterá a votación.

El mecanismo de control se activará de forma automática a partir de 500.000 euros. También cuando en tres meses se promovieran operaciones fraccionadas que sumen esa cantidad. Si se frena el expediente, el consejero podría pedir la comparecencia para que se volviera a votar.Acuerdo con la extra

Por otro lado, la ponencia cerró un acuerdo para garantizar en el articulado de los presupuestos el pago a los funcionarios de la extra pendiente y abordó gran parte de las enmiendas que movían partidas, en las que PSOE,CHAy Podemos impusieron su mayoría por lo general, con pequeños gestos a las propuestas del resto de grupos. Se aprobaron 500.000 euros ampliables para la ley de capitalidad.