Un poco más del 10% de 6.310.628 euros fue la comisión ilegal que presuntamente se repartieron el exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) Ricardo García Becerril y el que fuera viceconsejero de Obras Públicas del Gobierno aragonés Carlos Esco por la venta del terreno del kartódromo. Cada uno de ellos se embolsó supuestamente 330.555 euros que el propietario del suelo, Santiago Becerril, entregó en billetes al exgerente. De esta manera, compensaba el excelente precio (sobrevalorado) que la sociedad pública Plaza le pagó (por consejo de García Becerril) por su terreno de tres hectáreas en el que luego se proyectaría uno de los accesos al actual centro comercial.

El fiscal anticorrupción de Zaragoza Javier Checa califica estos hechos como un delito de malversación y otro de cohecho por los que pide, respectivamente y para cada uno de ellos, seis y cinco años de prisión, así como la inhabilitación absoluta por un periodo de 15 años, la especial por 4 y el pago de una multa de 700.000 euros. Para el empresario que vendió la parcela solicita un año de cárcel por la malversación, seis meses por el cohecho y multa de 175.000 euros.

En su breve y preciso escrito, el representante del Ministerio Público recuerda que fue el 16 de febrero de 2004 cuando Plaza adquirió por 6.310.628 euros la finca de 3,3 hectáreas en la que en esa época se ubicaba el kartódromo y el restaurante de la Venta de Los Caballos, propiedad de la esposa de Santiago Becerril. Ricardo García Becerril (que no guarda ningún parentesco con el anterior pese a la coincidencia de apellidos) firmó la escritura en su condición de director gerente y apoderado de Plaza. El precio fijado fue el mencionado y se acordó que debía efectuarse en tres plazos mediante sendos pagarés de 2.103.542 euros, que llevaban fechas de vencimiento de 30 de junio de 2004, 31 de diciembre de 2004 y 30 de junio de 2005. Del primero de ellos, dado el tiempo transcurrido, la Policía no ha hallado datos, pero de los dos siguientes ha comprobado que si el 3 de enero de 2004 se ingresó el segundo, el 7 de ese mes se produjo una disposición en efectivo de 220.370 euros. Lo mismo ocurrió el 1 de julio de 2005, un día después de que se ingresara el tercer pagaré. "Una retirada en efectivo y por idéntica cuantía se produjo también tras ingresar el tercer pagaré", recoge el fiscal.

Según su relato, esas tres cantidades, que suman 661.110 euros, fueron entregadas en metálico por Santiago Becerril en un cafetería frene al Teatro Principal de Zaragoza a Ricardo García Becerril quien, a su vez, daba la mitad de lo que recibía a Carlos Esco.Empleados y fondos públicos

El Gobierno de Aragón coincide en lo sustancial con la Fiscalía, aunque se extiende en justificar que ambos ostentaban en aquella época la condición de funcionarios públicos y los fondos que manejaban eran también públicos, lo que justifica tanto la calificación de los hechos como que vayan a ser juzgados por un jurado popular.

Además, la letrada de la Comunidad autónoma que ejerce la acusación cuestiona el precio de 6,4 millones que pagó Plaza por la finca y relata que llegó a haber un preacuerdo para adquirirla por 4 millones, que fue roto por el propietario cuando García Becerril lo incrementó en 2 millones más. Expone que los pagarés se firmaron un día antes de que se celebrara la sesión del consejo de administración de Plaza, al que no se informó "rigurosamente" de la operación. "Se puede concluir que la venta del kartódromo estaba cerrada antes de que el consejo aprobara la operación", afirma.

La abogada expone que el consejo se fiaba "plenamente" del gerente y que sus miembros "supusieron" que se había asesorado sobre el valor de los suelos antes determinar su precio. Luego comprobaron que no. Entiende ahora que lo que se pagó fue "excesivo" y que podía haberse adquirido mediante la expropiación. En ese tiempo, el justiprecio de las expropiaciones estaba fijado en 8-9 €/m2 y el mayor que se llegó a pagar en un procedimiento así fue 69,46 €/m2 a la empresa Petróleos Zaragoza. "Sin embargo, por el kartódromo se pagó 187,37 €/m2 de forma injustificada", afirma. Añade que no existían razones de urgencia y necesidad –como alegan los acusados– ni tampoco han acreditado que "necesariamente" ese acceso a Plaza pudiera proyectarse únicamente a través del kartódromo.

Por todo ello, solicita penas de 11 años para cada uno por los mismos delitos que el fiscal y de dos años y medio para el dueño del karting. Alternativamente, califica los hechos de estafa en concurso con una apropiación indebida.