Plaza pide penas de 11 años de cárcel para Esco y Becerril por la supuesta comisión del karting

La Plataforma les acusa de repartirse 661.000 euros y les atribuye delitos de malversación y cohecho.Para el propietario del circuito, que fue quien confesó el ilícito pago, solicita otros 7 años de prisión.

El exviceconsejero de la DGA Carlos Esco (izquierda) y Ricardo García Becerril, en la Audiencia.
El exviceconsejero de la DGA Carlos Esco (izquierda) y Ricardo García Becerril, en la Audiencia. oliver duch
oliver duch

El que fuera viceconsejero de Obras Públicas del Gobierno aragonés Carlos Esco y el exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza Ricardo García Becerril volverán a compartir banquillo el año que viene. Y lo harán para enfrentarse a sendas penas de 11 años de prisión por un delito de cohecho y otro de malversación, que son los que les atribuyen los abogados de Plaza por el presunto cobro de una comisión ilícita de 661.100 euros vinculada a la compra del kartódromo que se ubicaba junto al complejo logístico y la A-2.


El titular del Juzgado de Instrucción número 1, José Ignacio Martínez, ha tardado apenas un año en tramitar esta causa. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción de Zaragoza denunció los hechos a finales de 2014 y el magistrado dio por cerradas las pesquisas este mismo mes. El juez emplazó entonces a las acusaciones a que presentaran sus escritos de calificación y la sociedad pública ha sido la primera en hacerlo, solicitando la apertura de juicio oral no solo contra Carlos Esco y Ricardo García Becerril sino también contra el propietario del circuito,Santiago Becerril. A este último le acusa de los mismos delitos, pero propone para él una condena menor: siete años.


Gracias a esta operación sellada en 2004, el dueño del kartódromo cobró de Plaza 6,3 millones.Cantidad que, según el perito judicial, fue muy superior a la que realmente costaba la parcela, tasada a principios de este año en 2,3 millones. Pero las defensas no comparten los criterios de valoración del técnico, al que recriminaron en una reciente comparecencia que no tuviera en cuenta conceptos como el valor de lucro del negocio. Tanto es así que, el abogado del exviceconsejero del PSOE, JuanMonclús, ya anunció su intención de encargar a un urbanista un nuevo peritaje.

La confesión del vendedor, clave


Se beneficiara o no de un posible sobreprecio, que eso es algo que habrá que dirimir en la vista oral, lo cierto es que el vendedor del suelo ha resultado ser una pieza clave a la hora de apuntalar las acusaciones del caso Karting. Porque fue su confesión del pago de la comisión la que permitió al Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional encauzar las pesquisas. Primero, localizando los apuntes bancarios que acreditaban que Santiago Becerril efectivamente había retirado de una de sus cuentas, en billetes de 500 euros y en tres veces, el importe total de la supuesta dádiva.


Pero a los investigadores les quedaban cabos que atar, puesto que el dueño del circuito aseguró que a quien entregó el dinero en efectivo en una céntrica cafetería del Coso fue únicamente a Ricardo García Becerril. Puntualizó el vendedor que al preguntar al exgerente de Plaza para quién era el dinero este le respondió que se lo iban a repartir él y "el delegado, el señor de barbas".


La defensa de Carlos Esco, que siempre ha negado que cobrara dinero alguno por esta operación, calificó de inconsistentes los cargos presentados contra su cliente. Entre otras razones, porque ni el principal testigo de cargo –Santiago Becerril, a la postre, también encausado– pudo relacionarle directamente y por su nombre con el cobro de la comisión. Además, al investigar inicialmente el patrimonio y las cuentas del exviceconsejero tampoco pudieron detectarse transferencias sospechosas que acreditaran el cohecho.


Sin embargo, la Policía abordó después una concienzuda búsqueda de dinero negro investigando una por una las grandes compras y gastos que Esco llevó a cabo entre 2005 y 2010. Estudio en el que invirtió varios meses y que le permitió concluir que el encausado gastó en ese periodo 272.000 euros en metálico y de origen no justificado.

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