El Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza ha imputado a 26 personas por 19 delitos económicos en las obras de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), donde estima que se produjo un desfase de más de 150 millones de euros entre el coste de las obras certificadas y las valoradas por un perito.

Malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y fraude, entre otros, son los delitos que apunta el juez Ignacio Martínez Esteban que se han producido en el denominado caso plaza, en una instrucción que ha dado por concluida tras dos años de investigaciones, según el auto.Entre los imputados: Becerril, Iglesias o Escó

Entre los principales imputados, se encuentran el exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), José Ricardo Becerril, al que atribuye 12 delitos; el expropietario del Real Zaragoza y empresario de al construcción, Agapito Iglesias, así como el exconsejero socialista de Obras Públicas Carlos Escó.

El juez considera que hubo un acuerdo entre el exgerente de Plaza, García Becerril, y Nicollaas Adrianus Groeneveld, delegado de Intecsa-Insarsa, para adjudicar a esta última sociedad la dirección facultativa de las obras de Plaza en 2002 con el fin "de obtener ambos un beneficio personal" y en perjuicio de Plaza.

Las obras de urbanización de Plaza fueron adjudicadas en su práctica totalidad a Intecsa-Inarsa y a la UTE Acciona/Mariano López Navarro.

Considera que en este plan para beneficiarse económicamente también participaron Miguel Ángel P. C., director técnico de Plaza; José María Jordán Rando, ejecutivo de Acciona y posteriormente gerente de la UTE Acciona-MLN, y Miguel Ángel Bretón Gallén, también gerente de esta última UTE.

El juez insiste en que esta actuación no fue controlada ni revisada ni por el consejero-delegado de Plaza, Carlos Escó, quien fuera viceconsejero de Obras Públicas, ni por el Consejo de Administración como corresponde a sus funciones.

Por los informes periciales, el instructor estima que "existen indicios" para considerar que las obras certificadas y no ejecutadas ascienden a un total de 36,6 millones de euro, mientras que el desfase entre la obra certificada y valorada por los peritos asciende a 150,6 millones de euros.

Considera que la UTE Plaza certificó un conjunto de obras superior al realmente ejecutado y que se creó un entramado societario para abonar facturas por trabajos ficticios no realizados o que no tenían relación con las obras de urbanización de Plaza.

Así, constan en la causa unas 150 facturas aproximadamente emitidas por 25 sociedades, aparentemente subcontratistas, y que realizaron trabajos para la UTE Plaza cuya facturación asciende a casi 5,3 millones de euros.

Entre los imputados hay empresarios, directivos de grandes empresas, la esposa de García Becerril, María Elena P. L., así como sus dos hijas, Patricia y Carolina G. P.

El auto recoge también la imputación Carlos Escó por un delito continuado de malversación de caudales públicos agravado o subsidiariamente de un delito de administración desleal agravado, y a Miguel Ángel Floria Arriazu, como cooperador necesario.

El juez considera que Escó participó en la adjudicación del revestimiento de la fachada al Grupo Floria, lo que supuso la distracción de dinero público de la sociedad al abonarse una cantidad similar por la mitad de trabajo, todo ello en beneficio del Grupo Floria.

Las partes disponen de un plazo de 30 días para solicitar la apertura de juicio oral, formular escritos de acusación, o solicitar el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que, excepcionalmente, puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular acusación.

La denuncia por estas obras fue presentada en el Juzgado de Guardia de Zaragoza el 14 de Agosto de 2013 por Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada fue el origen de este procedimiento, una causa que ocupa 15.000 folios y 34 tomos.