Las faltas de respeto, los acosos y las presiones para modificar las notas de los alumnos son las principales quejas recibidas por el Defensor del Profesor en el último curso académico en Aragón. Así se desprende de la memoria presentada por esta institución que atiende una media de diez casos al día en el conjunto del país.

En la comunidad aragonesa, el porcentaje de casos atendidos ha crecido este año un 50%. “Queremos pensar que no se debe a un aumento del número de docentes que requieren nuestros servicios, sino al mayor conocimiento del Defensor”, señalan sus impulsores, el sindicato ANPE.

En cualquier caso, su actividad refleja la situación en las aulas aragonesas, y los problemas a los que se enfrentan los profesionales de la educación escolar en el día a día. En cuanto a los conflictos relacionados con el trato con los alumnos, el 28% de las quejas tienen que ver con faltas de respeto, un 6% más que el curso pasado. A su vez, son destacables los problemas para impartir la clase (19%) y los acosos y amenazas por parte de los chavales (9,5%).

Tampoco se quedan atrás los propios padres. Pese a que este año no se han registrado agresiones físicas, los casos de acoso y amenazas por parte de los progenitores del alumno representan una de cada cinco quejas en este apartado. Además, la presión para modificar las notas puestas por el profesor crecen un 16% en un solo año y ya alcanzan el 28%.

A todo ello hay que sumar que, en no pocas ocasiones, los profesores se enfrentan a un entorno laboral complicado, como demuestra que el incremento de las quejas por problemas con la Administración o con el equipo directivo del centro. Además, los conflictos con los propios compañeros han descendido levemente, pero aún suponen el 14% de las quejas.

Síndrome del profesor quemado

Todo ello deriva en situaciones de estrés, depresión y ansiedad, relacionados con el conocido como síndrome del profesor quemado. “El 27% de los casos tratados vienen a nosotros cuando ya están de baja”, reconocen desde el Defensor, por lo que hacen “un llamamiento a la Administración para que se incorpore a la prevención de riesgos el estudio de los casos en los que el docente acaba con baja por depresión”.

Entre sus cometidos, esta institución ha aportado asesoramiento general, apoyo psicológico, actuaciones jurídicas e información legislativa, principalmente a docentes de Primaria y Secundaria, y en menor medida, Infantil y ciclos formativos. A juicio de ANPE, la conflictividad en las aulas es “reflejo de un problema social de gran calado”, asociado a aspectos tan diversos como “el abandono de las responsabilidades educativas por parte de las familias, la crisis de valores, el descrédito de autoridad, la situación del sistema educativo, la violencia ambiental o el mal uso de las nuevas tecnologías”.

Por todo ello, reclaman cambios en el modelo educativo, amparo legal a los profesores, asistencia psicológica, cumplir los decretos de convivencia así como las normas de conducta establecidas en los centros, y exigir la colaboración de los padres con los docentes, entre otras medidas.