La licitación de obra pública se dispara en Aragón en año electoral y triplica la de 2014

La licitación de obra pública se ha disparado en Aragón justo en año electoral, y lo ha hecho hasta el punto de casi triplicar las cifras del pasado ejercicio. Pese a los recortes presupuestarios y las fuertes restricciones a la inversión en infraestructuras durante los últimos años, el conjunto de las administraciones públicas han convocado concursos por un importe que supera los 285 millones de euros en los primeros nueve meses del año.

El salto es cualitativo y cuantitativo, ya que si se compara el mismo periodo de enero-septiembre del año pasado se puede comprobar que se ha pasado de licitar 110 a 302 millones, un 173% de incremento que pone a Aragón a la cabeza en cuanto a crecimiento porcentual, y con mucha diferencia (la siguiente es Canarias con un 94,2%). El dato aún es más revelador si se tiene en cuenta que la media nacional ha caído un 10,16% en el mismo periodo, según la estadística oficial del Ministerio de Fomento.

Este crecimiento en la licitación ha permitido que Aragón deje de estar en el vagón de cola en lo referente al impulso de la obra pública. La comparativa pone de manifiesto que el año pasado fue una de las autonomías en la que menos contrataciones salieron a concurso (solo se encontraban en peor situación La Rioja, Navarra y Castilla-La Mancha), mientras que este año ha escalado hasta ocupar la octava posición. El salto es sustancial, ya que en todo el año pasado se licitaron actuaciones por un importe de 141 millones y desde enero hasta septiembre se habían superado los 302 millones. Yaún falta por añadir el segundo tramo pendiente de desdoblar de la carretera de Logroño (N-232), que se licitará antes de fin de año.

Esto no quiere decir que la inyección millonaria sea especialmente sobresaliente en Aragón, puesto que las cinco primeras autonomías lanzaron obras por un importe superior a los 500 millones. Andalucía, la más beneficiada, rozaba al término del verano los 887 millones, casi cien más que en el mismo periodo de 2014. Le siguen Cataluña (845 millones), País Vasco (796), Madrid (610) y Galicia (554).

Otra cosa muy distinta es el grado de diligencia y de compromiso político para avanzar en las infraestructuras que se han licitado. El mejor ejemplo es, precisamente, la actuación de mayor calado de las que han salido publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en lo que vamos de año para Aragón: el desdoblamiento de la carretera de Logroño entre Figueruelas y Gallur, con un presupuesto de 68,2 millones de euros. El Ministerio de Fomento inició el proceso el pasado mes de mayo, las principales empresas del país presentaron 27 en el plazo convenido, que finalizó el pasado junio, y desde entonces se sigue a la espera del inicio de las obras.Retrasos en las obras

Tampoco se puede sostener que sea muy diligente el Gobierno de Aragón, que licitó de nuevo el hospital de Teruel la pasada primavera a sabiendas de que el proceso estaba condenado. El Tribunal de Contratos Públicos de Aragón declaró nulo todo el procedimiento en verano por ser "manifiestamente ilegal" el pliego de condiciones, preparado durante la etapa del consejero popular Ricardo Oliván. Solo esta actuación ascendía a 101,2 millones.

El problema está en que el Gobierno PSOE-CHA asegura ahora que el proyecto estaba realmente sin acabar, por lo que las obras de demorarán hasta 2017. Hace menos de quince días, el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, manifestó que habría que rediseñar el hospital para ganar eficiencia energética, lo que implica retrasar la tercera licitación hasta mediados de 2016. Ylas obras no comenzarán antes de principios de 2017.

La situación tampoco es mucho mejor en otros departamentos de la DGA. Es el caso de Carreteras, que a principios de año sacó seis obras de acondicionamiento y refuerzo de firme por 28 millones a sabiendas que no podrían comenzarlas, ya que las partidas presupuestadas son irrisorias. Las contratistas ya advirtieron entonces de que con 100.000 euros por actuación difícilmente podrían arrancar, lo que se ha acabado por certificar. Una vez más en la Administración se lanzaron en año electoral licitaciones para vender que había inversiones en marcha cuando la realidad era muy distinta. De hecho, las anunciadas obras de mejora de la red autonómicas comenzarán el año que viene y el pago se demorará hasta 2017.

En el cómputo de licitaciones estaban también las depuradoras de parte de Zaragoza y Teruel, por sistema concesional y un importe 91 millones, que el nuevo Gobierno ha paralizado para ejecutarlas por fondos propios. Ycomo quieren revisar el plan, habrá que esperar meses.