El consejero de Administración Pública, Fernando Gimeno, ha dicho este lunes que el acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación hace compatibles las prioridades de políticas sociales con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, el pago de la extra de 2012 y la subida salarial del 1 %.

Gimeno ha comparecido este lunes en rueda de prensa junto al director general de Función Pública, Ignacio Zarazaga, y los representantes sindicales Pablo Asín, de CSIF, y Alicia Hernández, de UGT, para valorar el acuerdo suscrito el pasado jueves en la Mesa General de Negociación, un protocolo del que finalmente se desmarcó CC. OO. en un foro que abandonó Cemsatse.

Por ello, el consejero de Hacienda y Administración Pública ha resaltado que le hubiera gustado que el acuerdo lo hubieran suscrito "la totalidad" de los representantes de los trabajadores, si bien ha destacado que, en cualquier caso, lo ha rubricado "la mayoría" de la Mesa, con el 50,09 % de representación.

Gimeno ha insistido en que si no hubiera habido este acuerdo, en los presupuestos de la comunidad autónoma que se presentan mañana "no figuraría el incremento salarial del 1 % para los funcionarios", porque Aragón no está en estabilidad presupuestaria.

Este acuerdo sí tiene reflejo en el presupuesto de la comunidad autónoma para 2016, con los 20 millones de euros de la subida del 1 % de los salarios del personal de la comunidad, ha insistido.

Además el acuerdo se va a reflejar en las autorizaciones que va a dar el Gobierno de Aragón para articular los mecanismos para poder pagar la parte de la extra de 2012 pendiente (el 75 %) en el año 2016.

El responsable de Hacienda y Administración Pública ha resaltado que "algunos han entendido la situación y otros no", en referencia a los sindicatos que no han firmado el acuerdo aunque no los ha citado, y ha apuntado que si se hubieran puesto directamente los 60 millones que supondrán el pago del 75 % de la extra de 2012 en los presupuestos de Aragón del próximo año, habría que haber bajado ese importe de las políticas sociales.

En este sentido, ha insistido en que el presupuesto tiene un límite de gasto que no se puede modificar y en que el "único margen de maniobra" que queda en el presupuesto eran las políticas sociales porque son "las que más han crecido".

Por ello, según Gimeno, el acuerdo alcanzado hace compatible las prioridades de políticas sociales con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, el pago de la extra y la subida del 1 %.

El consejero ha explicado que estos objetivos se lograrán autorizando al gobierno a hacer la modificación presupuestaria necesaria ya al final del año que viene, en el último trimestre, para afrontar con ella y el dinero que existe este lunes para el pago de las extras que los funcionarios cobren las dos extras de 2016 y el 75 % pendiente de la de 2012.

"En el último trimestre de 2016 se sabrá con seguridad cuál es el margen presupuestario que tenemos para hacer una modificación para incorporar el pago de la extra y, mientras, se autoriza al gobierno para ir haciendo adelantos desde marzo hasta diciembre", ha concluido Gimeno, quien ha añadido que no firmar este acuerdo "hubiera tenido sus consecuencias" y que, haberlo firmado, también las tiene y son "positivas".

Desde CSIF, Asín ha valorado que este acuerdo es "un paso adelante en la buena dirección" y supone retomar la senda del diálogo y de la negociación colectiva que ha sido "imposible" en los últimos cuatro años.

Este acuerdo supone un conjunto de medidas que van "más allá" de la recuperación de la extra de 2012 porque hay temas importantes como la jornada laboral, las bajas, los planes de pensiones o la reducción del horario lectivo a los profesores mayores de 55 años que siguen pendientes de negociación y para los que se ha establecido un calendario que comenzará el 15 de diciembre.

Al igual que Asín, Alicia Hernández, de UGT, ha mostrado su confianza en la voluntad del Gobierno de Aragón para cumplir su compromiso y, en caso contrario, ha advertido de que se verán "en otro plano".

A su juicio, este protocolo inicia el camino para la recuperación de los derechos perdidos en los últimos cinco o seis años y no firmarlo supondría "no iniciar el camino para la subida salarial del 1 % ni los días de libre disposición por antigüedad".

"No sé si es el mejor acuerdo pero sí el único que había sobre la mesa", ha concluido.