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Aragón

El juez seguirá investigando el caso Jamón cuando el auto sea firme

En una providencia, ve "oportuno" continuar con las declaraciones de los investigados que quedaron sin efecto cuando la Fiscalía retiró la acusaión.

El juez que instruye el caso del Jamón, Jerónimo Cano, a su salida del juzgado el pasado día 20 de noviembre..
Pide aclaraciones. El juez que instruye el caso del Jamón, Jerónimo Cano -en la foto, ayer a su salida del Juzgado- ha pedido aclaraciones al fiscal acerca de mantener la investigación a cinco personas, entre ellas, la diputada popular en las Cortes de A
a. garcía/Bykofoto

El Juzgado de Instrucción de Teruel ha acordado continuar la toma de declaraciones a los investigados del caso Jamón de Teruel, si bien ha apuntado que lo hará una vez sea "firme" el auto que dictó hace dos días y por el que denegó el sobreseimiento provisional de los investigados pedido por el fiscal.

En una providencia dictada este viernes, el magistrado instructor de la causa explica que, una vez admitida la personación de la acusación particular, en virtud de un auto dictado el pasado 23 de noviembre "resulta oportuno y pertinente proceder a la continuación de las declaraciones de los investigados (antiguos imputados) que quedaron sin efecto después de que la Fiscalía retirara la acusación contra ellos".

Dichas declaraciones son las referidas a Inocencio Martínez (PAR); de Julia Vicente (PSOE), secretaria primera de las Cortes de Aragón; y los restantes miembros asistentes a los Plenos de la Diputación Provincial de Teruel de 26 de febrero de 2010 y 25 de febrero de 2011.

No obstante, y en lo que a las declaraciones de los investigados respecta, explica el magistrado que "el comienzo de las mismas tendrá lugar" una vez que sea firme el auto, que dictó el pasado 25 de noviembre, relativo al no sobreseimiento de la causa contra el exdelegado territorial del Gobierno de Aragón, Antonio Arrufat, y los miembros del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), Rogelio Pablo Castaño y Antonio Ernesto.

De momento, no ha transcurrido el plazo legalmente previsto para que el auto sea firme.

Además, puede ser recurrido a la Audiencia Provincial de Teruel, por lo que el juez esperará a que este tribunal se pronuncie, explica en la providencia.

Argumenta esta decisión en el hecho de que actuar de otra manera "podría ocasionar un perjuicio, o menoscabo profesional innecesario, a dichos diputados provinciales".

Respecto a Carmen Pobo, que fue presidenta de la Diputación de Teruel desde el 2011 hasta el 2015 y actual candidata por el PP al Senado, acuerda el magistrado que "no será investigada ni se le va a tomar declaración como tal por el mero hecho de ser ordenante de pago" de uno de los expedientes.

Esta decisión la "adopta pese a la solicitud realizada por la acusación particular de que fuera investigada", explica.

Entiende el magistrado que Carmen Pobo no pertenecía al pleno que acordó el pago de dicho expediente y que simplemente se limitó a cumplir lo que le ordenó este órgano.

Respecto a Antonio Ernesto Arrufat y Francisco Abril, puntualiza el instructor que no fueron investigados por ser los ordenantes de los pagos de las subvenciones al consejo regulador, sino por formar parte de los Plenos reseñados en la causa como objeto de investigación judicial y por su condición en ellos de presidente -el primero- y diputado -el segundo-.

Por lo que a las declaraciones de los restantes investigados se refiere -Ana Aznar Ballesta, Francisco Querol Fernández, Rafael Sánchez y Antonio Gasión Aguilar, del Instituto Aragonés de Fomento (IAF)-, el magistrado decide proceder de la misma manera que con los diputados provinciales de la Diputación de Teruel por los mismos motivos y por análogos términos al entender que "el proceder del IAF dista poco del manifestado por la DPT".

Recuerda el juez que en el caso de la Diputación de Teruel la cantidad que se concedió al Consejo ascendía al importe equivalente a 68.000 euros y en el caso del IAF la cantidad ascendía al importe equivalente a 573.428,23 euros.

"El problema esencial es que todas ellas -tanto las otorgadas por la DPT como por el IAF- fueron concedidas sin soporte documental justificativo alguno", explica.

El juez, que instruye la causa por posibles irregularidades contables en la gestión económica del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel, admitió hace unos días la personación como acusación particular del expresidente del Consejo, Eugenio García, que fue el denunciante de los hechos.

La acusación particular se personó después de que la Fiscalía pidiera la suspensión de la investigación en lo relativo a los miembros de la Diputación de Teruel.

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