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Zaragoza

El juez del caso del Jamón deja en manos de la Fiscalía la investigación de Pobo y Gasión

El Ministerio Público había solicitado la imputación del exdirector del IAF, organismo que también dio ayudas.

El juez que instruye el caso del Jamón, Jerónimo Cano, a su salida del juzgado el pasado día 20 de noviembre..
Pide aclaraciones. El juez que instruye el caso del Jamón, Jerónimo Cano -en la foto, ayer a su salida del Juzgado- ha pedido aclaraciones al fiscal acerca de mantener la investigación a cinco personas, entre ellas, la diputada popular en las Cortes de A
a. garcía/Bykofoto

El juez que investiga si hubo irregularidades en la concesión de subvenciones al Consejo Regulador del Jamón de Teruelha solicitado al Ministerio Fiscal que se pronuncie acerca de mantener la investigación a Carmen Pobo, que fue presidenta de la Diputación de Teruel de 2011 a 2015. Se da la circunstancia de que Pobo es ahora diputada de las Cortes de Aragón y, por tanto, aforada, y encabeza, además, la lista del PP al Senado por Teruel. El magistrado pregunta en los mismos términos por el exdirector del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), Antonio Gasión, y otros tres cargos de este organismo dependiente de la DGA.

Jerónimo Cano, juez instructor del caso del Jamón, responde así al informe que el pasado miércoles le hizo llegar la Fiscalía de Teruel y cuyo contenido constituyó un verdadero jarro de agua fría a la línea de investigación abierta por el magistrado. En el documento, el Ministerio Público pedía al juez que sobreseyera provisionalmente las investigaciones referidas a los diputados de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), al no encontrar indicios de delito en su actuación.

El informe de la Fiscalía supone, de hecho, dar marcha atrás en la previsión de investigar (antes imputar) en bloque a todos los diputados provinciales –suman 25– que en los plenos de 26 de febrero de 2010 y 25 de febrero de 2011 votaron a favor de conceder tres subvenciones al Jamón que contaban con reparos de Intervención. Pobo no estaba entre ellos, pero más tarde firmaría como presidenta de la institución la orden de pago de una de las ayudas cuestionadas por el perito. Ayer, la política aseguró a este diario que desconocía que estuviera inmersa en una investigación.Cambio radical

En su providencia, Cano recoge que, no obstante, fue el Ministerio Público quien el pasado mes de septiembre interesó la imputación de Carmen Pobo, Antonio Gasión y los otros tres cargos del IAF: Ana Aznar, Francisco Querol y Rafael Sánchez, y es por ello que ahora le pide al fiscal que concrete. El cambio de postura radical de la Fiscalía deja sin recorrido la investigación a la totalidad de la institución turolense, al no existir ninguna otra acusación.

La causa iniciada contra los diputados provinciales turolenses por el caso del Jamón ha desatado una auténtica tormenta política en Aragón en los últimos días. La imputación del socialista Antonio Arrufat, expresidente de la DPT, acabó con la dimisión de este de su cargo de delegado territorial de la DGA en Teruel debido a la presión de Podemos. Este hecho generó un rifirrafe entre la formación morada y el PSOE, cuya alianza permitió en su momento que fuera investido presidente del Gobierno aragonés el socialista Javier Lambán. Las diferencias entre PSOE y Podemos volvieron a quedar patentes a raíz de la imputación del alcalde de Calanda, José Ramón Ibáñez, por las obras de urbanización de un polígono industrial, y, esta misma semana, tras la investigación a Julia Vicente, diputada socialista de las Cortes de Aragón y, al igual que Pobo, aforada. En todos los casos, los podemistas exigieron que los imputados fueran apartados de sus cargos en base al decálogo de investidura suscrito por PSOE y Podemos.

Pero la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Teruel ha echado el freno a la investigación contra la Diputación de Teruel. En su informe, descarta que los diputados hayan cometido prevaricación o malversación de caudal público y sostiene que la conexión entre la actuación de los diputados y la denuncia original, que llevó a abrir diligencias contra los responsables del Consejo Regulador del Jamón hace casi dos años, es remota. El Ministerio Público recuerda que la investigación judicial se inició para averiguar si se vendían jamones bajo el sello de la Denominación de Origen sin que cumplieran las condiciones exigidas y también para esclarecer si hubo apropiación indebida de fondos del Consejo por parte de alguien.

Si el juez instructor atiende finalmente a la petición de Fiscalía y archiva la parte de la causa que afecta a la DPT, Arrufat podría regresar a su puesto de delegado de la DGA, que no ha sido cubierto por ninguna otra persona, y las aguas de la política volverían a calmarse cuando las elecciones generales están a la vuelta de la esquina.

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