Podemos lleva a las Cortes de Aragón una propuesta para eliminar las tasas judiciales
Quieren "acercar la calidad de la Administración de Justicia a los estándares democráticos europeos".
El grupo parlamentario de Podemos Aragón llevará este jueves al Pleno de las Cortes una proposición no de ley que tiene por objetivo instar al Gobierno de España a eliminar las tasas judiciales, así como dotar de más recursos económicos a la asistencia jurídica gratuita.
La diputada Violeta Barba defenderá la propuesta, que pretende, en definitiva, "acercar la calidad de la Administración de Justicia a los estándares democráticos europeos".
En una nota de prensa, Podemos ha señalado que la ley estatal que aprobó el PP en 2012 reinstauró en España las tasas judiciales, "con mero afán recaudatorio y con efecto disuasorio que colisiona con los derechos de acceso universal a la justicia, según diversas organizaciones de juristas".
"Ha privado del acceso a la Justicia a quien no ha podido pagar las tasas judiciales impuestas. Quien puede pagar recurre, sin tener en cuenta la solidez de su pretensión, mientras que en otros casos la incapacidad económica de soportar la tasa tira para atrás a la hora de recurrir", ha explicado la diputada Barba.
"El trabajo y la presión de las organizaciones ciudadanas y de juristas ha logrado que en los últimos años haya mejorado un poco la situación para las personas físicas, pero la legislación sigue siendo injusta para las entidades sin ánimo de lucro y para las personas jurídicas, especialmente para las pequeñas empresas, ha señalado.
"De igual forma, la imposición de tasas judiciales a las pymes coarta también el acceso de las mismas a la Justicia, lo cual es especialmente grave dado que las pymes son las empresas más castigadas por la crisis económica", ha asegurado Barba.
Por ese motivo, Podemos instará al Gobierno de Aragón a pedir al Ejecutivo central la derogación de la ley de 2012 para recuperar las tasas judiciales ingresadas en 2013, 2014 y 2015 para destinarlas a dotar de mayores recursos a la asistencia jurídica gratuita en la Comunidad, así como para que se amplíe el importe destinado a Justicia en los Presupuestos Generales del Estado para acercarlo a la media europea.
