La reconstrucción del tramo de la autopista autonómica ARA-A1 dañada por la última riada del Ebro comenzará finalmente la próxima semana y se alargará medio año. Así lo aseguró ayer el consejero de Vertebración del Territorio, el nacionalista José Luis Soro, quien detalló ayer que el administrador concursal de la concesionaria autorizó el jueves las obras de reparación y firmar el contrato con la misma empresa que la construyó, Acciona, y que la explota desde mediados de 2008.

En una respuesta parlamentaria al diputado popular Javier Campoy, el consejero señaló que las máquinas llegarán en los próximos días, aunque no se verá un movimiento real hasta que dentro de un mes lleguen las dos estructuras prefabricadas del paso inferior que se llevó la avenida del mes de marzo y del otro que se tuvo que derruir con posterioridad tras sufrir graves daños. Fuentes cercanas a la concesión señalaron que los primeros operarios se incorporarán al tajo el próximo lunes, pero que se tardará un tiempo en ver avances.

Soro concretó que el coste de la reconstrucción ascenderá a 2,3 millones de euros y será asumido por la concesionaria, ya que un informe encargado por la DGA puso en evidencia que Acciona no construyó las escolleras de protección incluidas en el proyecto. Como adelantó este diario, el estudio constató que la crecida socavó la estructura al no haberse ejecutado los rellenos de piedra previstos bajo los pasos inferiores, de dos metros de espesor. Estas protecciones ya se han acometido, pero aún se debe reponer 1,5 kilómetros de la autopista que une la carretera de Castellón (N-232) con eje de Barcelona (N-II y AP-2) y cuya construcción costó 54 millones.

El consejero indicó que la propuesta de sanción ascendía, como desveló Campoy, a 1,6 millones de euros, aunque se rebajó a la impuesta finalmente, fijada en 484.200, tras consultar a la Dirección General de Servicios Jurídicos. Esta advirtió de que según la Ley de Contratación de las Administraciones públicas hay un límite a las sanciones cuando una infraestructura está en explotación, fijado en el 20% de los ingresos obtenidos por la concesionaria en el año anterior. Estos se elevaron a 2,4 millones y de ahí la rebaja en la sanción.

El diputado popular puso en evidencia que la autopista está "sobredimensionada" y que el tráfico real no corresponde ni de lejos al estudio de demanda sobre el que se basó el modelo económico de la concesión. De hecho, Soro volvió a recordar que el verdadero problema es cómo salvar a la Administración de asumir las inversiones realizadas y no amortizadas por la sociedad concesionaria, que ascienden a unos 40 millones de euros, en caso de que la concesionaria acabe en liquidación.

El consejero no dio detalles, pero señaló que había "probabilidades" de encontrar una solución pese a que los servicios jurídicos de la DGA ya negaron hace un año la posibilidad de acordar un reequilibrio. La Administración dispone de plazo hasta el mes de abril.