Podemos e IU han manifestado este miércoles su apoyo a los "educadores en lucha" del Centro de Orientación y Acogida (COA) de Zaragoza, que realizan una huelga indefinida desde hace un año con un cien por cien de servicios mínimos, para reivindicar la mejora de la atención a los menores atendidos y de sus condiciones laborales. Han rechazado el "deterioro" de los servicios sociales.

En rueda de prensa, el presidente del grupo parlamentario de Podemos de las Cortes de Aragón, Pablo Echenique, ha subrayado que este es un servicio fundamental destinado a proteger a los menores que sufren abandono, malos tratos o desamparo y ha afirmado que ha sufrido un "deterioro progresivo".

No solo es un conflicto laboral, ha observado Echenique, comparando la movilización de los "educadores en lucha" con las mareas blanca y verde de los últimos años, que "no iban de eso", sino "de tener una buena sanidad, educación" y "esto es exactamente lo mismo".

"Estamos hablando de educadores que se dejan la piel haciendo una labor que nosotros ni siquiera nos vemos capaces", ha continuado el líder de Podemos Aragón, quien ha prometido que hará todo lo que esté en su mano "para que esta injusticia tenga fin".Responsabilidad

La diputada autonómica de IU, Patricia Luquin, ha alertado contra "el deterioro evidente en la atención a los menores" y ha atribuido la responsabilidad al anterior Gobierno, PP-PAR, cuando se aprobó un pliego de condiciones para la contrata, adjudicada a Intress, que no garantizaba -a su juicio- unas condiciones suficientes.

"Por eso hay una huelga", ha continuado Luquin, quien ha apelado a la "voluntad política" del actual Ejecutivo para solucionar el conflicto y ha exigido que se dé la vuelta a la política de menores. "No se pueden mercantilizar los derechos sociales", ha aseverado, añadiendo que el Ejecutivo de Javier Lambán "ha heredado un grave problema y tiene que dar una salida negociada y política".

"Conflicto social"

En representación de los educadores, Javier Itxaso y Elena López han afirmado que este es un "conflicto social" y que el PSOE "está cómodo" con el diseño de los servicios sociales que hizo el PP en la anterior legislatura "porque lo perpetúa".

Elena López ha aseverado que se ha llevado a cabo un recorte "deliberado" de este servicio, ya que el Gobierno de Aragón cifró el coste total en 1.078.694 euros pero se ha adjudicado a Intress por 1.046.000, el precio mínimo para gestionar el COA.

Los "educadores en lucha" consideran que se ha causado un daño "público" que además es "ilegal" porque "no se cubre el servicio", sino que la empresa se ha hecho cargo de la contrata "a riesgo y ventura", no por el precio adecuado, lo que repercute en los salarios y la atención a los menores, guiándose por criterios mercantiles.

Tras un año de huelga indefinida, ha dicho Itxaso, "la situación no se ha solventado", sino que "estamos peor" desde que, el pasado 1 de octubre, se pusiera en práctica el nuevo pliego de condiciones". Ha añadido que hay pocos educadores para atender a los menores "en condiciones de seguridad y dignidad".

Con el nuevo pliego de condiciones, el equipo educativo tiene que desempeñar más funciones y el tiempo real para dedicar a los menores "se ve reducido", ha lamentado. Hay "educadores de primera y de segunda" porque no todos cobran el mismo salario a pesar de tener la misma categoría profesional, experiencia, formación y responsabilidad, ha apuntado.

A juicio de Itxaso, el Ejecutivo regional "especula con las necesidades de los menores en protección". Ha criticado a la empresa, que ha pedido a los trabajadores que abandonen la huelga para iniciar la negociación en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), "algo que no vamos a hacer", mientras que el Gobierno "se ha limitado a tener unas reuniones informales con nosotros" pidiendo una solución negociada por Intress.