Visto para sentencia el juicio al exdirector de Cultura de la DPZ con petición de 10 años de cárcel
Alfredo Romero se enfrenta a cargos de malversación de fondos públicos y blanqueo.
El juicio por malversación de fondos públicos y blanqueo de dinero, que se ha celebrado durante tres días ante un jurado popular contra el exdirector de Cultura y Patrimonio de la Diputación de Zaragoza Alfredo Romero, ha quedado visto para sentencia con la petición fiscal de diez años cárcel.
La vista ha concluido en la Audiencia Provincial con la lectura de los informes definitivos por la fiscal Pilar Cavero, quien pide 5 años de cárcel por cada uno de los dos delitos, y del abogado que representa los intereses de la Diputación, Rafael Alcázar, quien solicita 4 años por malversación y seis meses por blanqueo.
En el banquillo también se sentó la esposa del acusado, María Teresa Colomer, acusada de un delito de blanqueo de dinero, pero en la sesión de ayer la fiscalía y el abogado retiraron la imputación por lo que este caso ha quedado circunscrito al exdirector, que desde 2003 a 2011 organizó las exposiciones que se programaban en el Palacio Sástago de la capital aragonesa.
La fiscal ha argumentado la retirada de la acusación en la falta de "pruebas concluyentes" y en considerar que no era "consciente al ciento por ciento" de las actuaciones de su marido con sus cuentas bancarias en las que supuestamente ingresó el dinero de la malversación y después utilizó, entre otras asuntos, para comprar parte de una casa en Fuendetodos.
Según su relato, Alfredo Romero, a quien ha acusado de "cinismo" al señalar éste que como director no tenía responsabilidades ejecutivas y solo realizaba funciones de asesoramiento, se quedó durante años con el dinero procedente de la venta de catálogos de las exposiciones que montaba y que ha cifrado en 37.975 entre los años 2006 y 2011.
Se trata de un cálculo, porque "no sabemos qué se pudo llevar", ni durante "cuanto tiempo", ha reconocido la fiscal, quien ha resumido la acusación en que "cogía el dinero", "rompía" los comprobantes" y "se lo llevaba", sin que hubiese ningún control por parte de los organismos competentes de la diputación.
Para la fiscal, este caso no es fruto de "una encerrona", como lo ha calificado Romero, del tesorero de la Diputación, quien denunció los hechos ante el ministerio publico en enero de 2012 seis meses después de que fuera cesado el exdirector por cambio de gobierno, sino un delito continuado fruto de un plan "ideado" sin constancia documental de la venta de los catálogos.
El abogado de la acusación, que pide 4 años por malversación y seis meses por blanqueo, ha reconocido un cierto descontrol en la corporación sobre los catálogos, pero ha dicho que el exdirector era el único que daba las ordenes sobre unos dineros sobre los "que dejó muy poco rastro".
Los abogados de la defensa, Enrique Trebolle y Carmen Cifuentes, han dicho, por su parte, que la venta de los catálogos era "publico y notorio", que el dinero se destinaba a pagar imprevistos de gastos extraordinarios de las exposiciones y en que "no hay responsabilidades" penales.
Al respecto, han centrado su defensa en un informe provisional del Tribunal de Cuentas sobre este caso en el que se señala, según Trebolle, que no hay "ilicitud administrativa" y en remarcar la procedencia legal del dinero que el exdirector utilizó para pagar parte de la casa de Fuendetodos o su rehabilitación, para la que suscribió dos préstamos hipotecarios de 180.000 y 120.000 euros.
En opinión de la letrada Cifuentes, el informe policial sobre blanqueo "es humo", ya que los ingresos y transferencias que realizó el exdirector está justificada en sus propios recursos -incluidos los créditos- y no se corresponden con lo obtenido de la venta de los catálogos de las exposiciones.
A primer hora de la tarde, el jurado se ha puesto a deliberar sobre este juicio, en el que Romero, de 61 años y que trabaja en la Diputación desde 1986, ha declarado que "jamás" se quedo con dinero, que todo el mundo sabía la venta de los catálogos y que era destinado a pagos imprevistos de las exposiciones.
El Ministerio Público, además de las penas de cárcel, pide nueve años de inhabilitación, 100.000 euros de multa y reintegrar la cantidad supuestamente sustraída.
